Los ejes de unidad del movimiento de resistencia- I I I : Regeneración democrática

Ante la posibilidad de no ser suficientemente precisos en las propuestas políticas y organizativas que realizamos en nuestros comunicados, consideramos necesario formular los ejes básicos imprescindibles para vertebrar el movimiento de verdadera y efectiva resistencia a las tiranías nacionalistas y a los cómplices institucionales que las sostienen:

  • Defensa firme de la unidad nacional y del carácter de nación de España, de su cultura y de su historia.
  • Derogación del “Estado de las Autonomías”, fuente del poder de los nacionalismos y aberración política y económica. Lo que requiere propugnar la modificación de la Constitución, en éste sentido, y cambiar la Ley Electoral
  • Regeneración democrática en profundidad frente al sistema oligárquico de los partidos anquilosados.
  • Instauración, en todos los temas, del principio de protección de la población frente a entelequias políticas y derechos intermedios ajenos a las personas y a la colectividad del pueblo.

En éste documento proponemos un examen sucinto del tercer punto, sin la pretensión de considerarlo cerrado, antes al contrario, agradeceríamos vuestras reflexiones y análisis para en una ulterior síntesis alcanzar una plataforma interpretativa común.

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Los partidos

Ya son muchas las voces de rechazo, protesta o hastío hacia la oligarquía de partidos en que se está enfangando la democracia en España.

El sistema de partidos políticos debería reflejar el principio de “gobierno del pueblo por el pueblo” pero no es exactamente así sino “gobierno del pueblo por una élite surgida del pueblo” (teniendo en cuenta que “pueblo” no es “clase” ni siquiera “clases populares” sino un término interclasista).

La labor fundamental de los partidos según la teoría clásica es proporcionar la estructura necesaria para que las masas puedan reclutar entre sus miembros a sus propias élites. Si existen élites, y siempre existen, la comunicación entre representante y votante no es entre iguales sino entre aspirante a gobernar y quienes consienten en ser gobernados.

La democratización es pues una nivelación producto de una mentalidad democrática que percibe la incapacidad del autogobierno y la falta de interés de amplias capas de la población.

Esta élite escogida se organiza y reparte puestos en su interior, y es siempre así puesto que el gobierno de los asuntos públicos no sólo depende de la actitud política sino también de la capacidad de gerencia (como bien pudieron comprobar los socialismos al gobernar). De ahí que sea más fácil manipular el campo político, regido por el principio de la libertad, que el administrativo, regido por el de la necesidad, que todo el mundo entiende y vive en su entorno.

La libertad es entendida originalmente como ausencia de coerción injustificada, es decir de poder tiránico, y la igualdad estaba unida a ella desde la tradición griega, porque se consideraba necesario un espacio libre entre iguales (es decir, sin poder sobre los demás) para practicarla.

Roma aportó el “sometimiento del mundo a las leyes” (“totum sub leges mitteres orbem”), y han sido los revolucionarios utópicos los inventores del totalitarismo al considerar el interés general como automáticamente opuesto a todos los intereses particulares de los ciudadanos reales, y de ahí el “terror” y la creación permanente de “enemigos comunes”. De ahí también la legitimación de la dictadura de partido único, definiéndolo como representante de todo el pueblo. Eso hicieron todos los revolucionarios: los jacobinos, los bolcheviques y los nacionalismos de ayer y hoy.

Las revoluciones

Durante la Revolución Inglesa, la pugna contra los protestantes (puritanos) por parte del rey Carlos IV, aparecen grupúsculos radicales en prácticas y metas, sociales, políticas o religiosas. Son los diggers, raters, cuaquers…

Enfrentados al poder del dictador (“Lord Protector”), Oliver Cromwell, serán aplastados o marginadas sus prácticas sociales tras el fin de la guerra civil y la situación revolucionaria.

La Revolución Francesa es un compendio de problemáticas de las que se aprovechan los núcleos de clase media que configuran las “sociedades filosóficas”. El “revolucionario filosófico” surge como acicate, actor y promesa de la revolución, es decir de la situación revolucionaria de caos, que se encarna plenamente en la ejecución del rey y la dinámica terrorista y destructiva posterior.

Sin entrar en hechos históricos por todos conocidos, el jacobinismo fundará la combinación de radicalismo, estatismo, terror, reivindicaciones sociales y rechazo del pluralismo político en nombre de la “pureza revolucionaria”.

De manera que el primer experimento de un sistema de facciones políticas acaba mal. Los jacobinos eliminan al resto de facciones, como harían los bolcheviques. Combatirán a las secciones, los comités, las sociedades y las asambleas. Masacrarán a la Gironda y a la Vendeé. Ejecutarán a sus aliados enragés, igual a como los comunistas eliminaron a sus aliados del partido social-revolucionario.

La dictadura de partido único surge por lo tanto del sistema multipartidista y su lucha de facciones al margen del pueblo, utilizado como masa de acoso y después eliminada del sistema político.

Pudo y puede no ser así. En todas las revoluciones surgieron asambleas, comités, de modo espontáneo, con el fin de que se atendieran sus demandas más urgentes e inmediatas, al margen de las utopías y del lenguaje de las facciones políticas que ingresarían en los futuros Parlamentos. Los partidos, desde la extrema-izquierda a la extrema-derecha, los odiaban, no por que supusieran un rival sino porque la autoorganización del pueblo suponía una negación del sistema de representación delegada. Y los eliminaron.

Los jacobinos eliminaron a los representantes de las sociedades, los hebertistas, y las supeditaron a la Convención. Los bolcheviques los disolvieron e integraron en la burocracia a los escalones locales, en cuanto llegaron al poder, y eliminaron al resto de facciones. Ambos los utilizaron como masa de acoso contra otras facciones pero no les interesó nada de sus reivindicaciones, ya tenían sus principios utópicos y teorías filosóficas.

Lógicamente tanto las sociedades y secciones francesas como los soviets rusos pidieron la permanencia, es decir, su institucionalización, pero fueron neutralizados.

Los consejistas y partidarios de la democracia directa creen que pudieron ser el germen de otro tipo de democracia. Pero es difícil para los organismos políticos ser además buenos gestores, y aún más difícil gobernar un Estado. El Estado y la clase política cumplen funciones tanto políticas como administrativas.

La desnacionalización

Históricamente, la lucha entre tradicionalistas y liberales (y las luchas de poder cortesanas contra las élites extranjeras importadas por los reyes) produjeron una mixtificación de los “antiguos reinos y libertades”, y la división en provincias del siglo XIX respetó esa arcáica configuración en el seno de la estructura institucional. Cuando surge el “nacionalismo segregacionista” tras la pérdida de Cuba (donde su posición económica era hegemónica en un mercado cautivo gracias a los privilegios comerciales americanos concedidos por el tan denostado rey Felipe V, el primer Borbón), su manipulación e invención histórica y cultural potenciarán esa división.

La ausencia de nacionalismo español, innecesario por la persistencia del antiguo Régimen (Altar y Trono), y por lo tanto de partidos, y el carácter integrador de la Hispanidad en los territorios de ultramar, hizo que la articulación nacional fuera en España débil institucionalmente y facilitara la labor de zapa político-cultural de los separatistas.

Durante el siglo XIX-XX se dieron dos tipos de patriotismo vinculados a los bandos políticos. Uno de signo conservador que relacionaba lo tradicional con la idea de España y el otro la progresista, republicana, laica. Estas dos ramas jamás se juntaron y terminarían por enfrentarse en la época de la II República. Pero en ninguna de ellas se dio un jacobinismo centralista, ni siquiera en la extrema-derecha, que no pasó de verborrea “imperial” o tradicionalista, y ambas se infectaron en sus alternativas colaboraciones políticas con separatistas y “regionalistas”.

Ningún proyecto, recalcamos, surgió vinculado al bienestar y desarrollo de la Nación y el Pueblo, enfangados como estaban todos en las luchas partidistas y sus respectivas utopías y ajustes de cuentas.

La etapa franquista no mejoró esta situación. Supuso una suspensión no sólo de las luchas políticas sino de la política misma (“haga usted como yo, no se meta en política”, dijo Franco en cierta ocasión), centrado en el despliegue de un proyecto conservador apolítico vinculado a un desarrollo económico pendiente desde la época de la Dictadura de Primo de Rivera. Su utilización de la Patria fue retórico y oportunista, además de ineficaz e incluso contraproducente (“III año triunfal”, –no hay pan-, habían apostillado en un mural oficial).

La improvisación del régimen le llevó a potenciar cierto regionalismo tradicionalista para frenar la infiltración de la propaganda izquierdista en los años 60. Sería su mayor error porque de ahí surgirían asociaciones culturales y sobre todo actitudes y discursos que formarán la base del posterior nacionalismo político a partir de 1975.

España, al no participar en las dos guerras mundiales y con casi nulo papel colonial, incluso oculto por el régimen (la agresión larvada de Marruecos en la guerra de Ifni en 1956), no tuvo ocasión de desarrollar el sentimiento patriótico del siglo XIX, sumamente lastrado además por las fúnebres fantasías sobre la “decadencia” nacional elaboradas por la Generación del 98, traspasado a la economía por analistas adeptos a los nacionalismos “periféricos”.

La ausencia además de animadversión hacia otras naciones por parte de los españoles hizo aún menos probable la aparición de grupos afectos al inexistente nacionalismo español, y los que surgieron lo hicieron como reacción fascista a la agitación de los republicanos y la izquierda.

La base de la actual situación actual aberrante es la cesión de los medios de legitimación de las instituciones nacionales (y los medios económicos) precisamente a los que las niegan, posibilitando el adoctrinamiento, a través del Estado fraccionado y sobre todo de la escuela, de parte de la población en el antiespañolismo, impulsando así la extensión de la negación de la idea de España y su historicidad. Es como haberle dado el poder a Hitler en Israel. Esto en un “Estado autonómico” que ni es histórico ni tiene las mejores credenciales (la malograda I y II República) y que es profundamente irracional y antieconómico.

De manera que la presuposición de la idea de España por parte de miles de generaciones de españoles ha provocado una indefensión del Pueblo y del Estado ante las manipulaciones políticas y culturales del nacionalismo separatista, aliado además a la persistente crítica irreflexiva y derrotista de la izquierda más disolvente. Les resultó muy fácil, con la ayuda de los arrivistas y renegados habituales, transformar los medios y las instituciones donde se encontraban, en focos de propagación y ataque a los fundamentos de las instituciones y la Nación.

Es necesario comprender la necesidad constante de identidad por parte de los individuos, agudizada además en una sociedad tan cambiante como la actual. Necesitamos explayar nuestra cultura, nuestra Historia y nuestra valía (Leyenda Negra) con los medios de hoy, sin necesidad de nacionalismo, la ideología de los que no son, sino protegiendo y potenciando lo que el pueblo de ayer y hoy vive con naturalidad (lengua, cultura, símbolos…).

Son políticas que deben permear el Estado y el Pueblo como en el resto de países para que exista una imbricación entre estos, sin la cual queda el puro economicismo que no basta, en una marcha sin fin hacia la nada histórica y social. Porque la sociedad no se basa en sobresaltos nacionalistas esperpénticos, meras masturbaciones identitarias frenéticas, sino en los vínculos sociales entre los individuos que la forman. Sin militancias, sin ortodoxias. Como somos.

El Estado es la otra variable olvidada. Un marxista norteamericano dijo que cuanto más se menosprecia al Estado más papel ha ido adquiriendo en la sociedad. La variable Estado es la menos estudiada dado el desprecio teórico de liberales, conservadores y marxistas-progresistas hacia él, pero todas las facciones políticas, incluidos los nacionalistas (muy especialmente ellos), desean conquistar el Estado para utilizarlo en la realización de sus utopías y manipulaciones, realizables sólo a través del control estatal.

Precisamente esa capacidad del Estado de organizar y de imponer debería de hacernos meditar para deshacernos de demonizaciones o exaltaciones que sólo sirven para frenar la acción política. La meta de toda fuerza política es y debe ser conquistar el Estado. Y a pesar de las chorradas leninistas ninguna fuerza que lo haya logrado lo ha hecho para “disminuirlo” o eliminarlo. Ello supondría el freno al desarrollo económico, porque éste no está librado sólo al mercado sino a la organización económica, que sólo una instancia distinta y con facultades socio-políticas puede garantizar. Ya intuyeron algo así las Brigadas Rojas cuando decidieron “atacar el corazón del Estado”.

Y ello nos lleva a la organización política con la que se dota el Estado moderno occidental: la democracia.

La Democracia

La democracia surge en la época de las rebeliones contra el poder absoluto del monarca, destinada a salvaguardar al pueblo de la “coerción injustificada”, es decir a implantar lo que sería conocido en la filosofía política como libertad. Sería la teoría del equilibrio de poderes de Montesquieu la que haría fortuna, unida a la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, … que los propios revolucionarios se encargaron de incumplir.

La democracia es pues un sistema de organización política con un fundamento filosófico que ha perdurado más que otras propuestas “liberadoras” de corte mesiánico como el comunismo, el fascismo y los socialismos.

Con todo en una sociedad compleja la democracia de base o democracia directa es prácticamente imposible por el entramado económico e institucional. Por otra parte la elegibilidad de cargos a todos los niveles no elimina el escollo de la permanencia, es decir, de la dedicación retribuida y profesionalizada de los cargos públicos ni, por descontado, de la burocracia y su crecimiento.

El problema está en otra parte, en la representatividad de la población una vez desaparecidos (y fracasados) los mesianismos políticos y sociales y, lo que es aún más importante, el modelo de sociedad que los alumbraron, abocados cada vez más como estamos a una globalización, concentración económica y consumo generalizado (el “todo lo sólido se desvanece en el aire” que decía Marx).

A ello se le añade la degradación del sistema de partidos que ha completado su proceso de oligarquización, de pura maquinaria de mantenimiento en el poder por el poder en sí mismo, ya sin escusas ideológicas, en un ámbito político cada vez más ambiguo por la complejidad económica y la del papel del Estado en la sociedad y de la política en él.

La idea de la representatividad y la pluralidad no debía, “teóricamente”, degenerar en un sistema retroalimentado de reparto oligárquico del poder, ni las facciones debían utilizar el odio de masas para exterminarse y constituir un totalitarismo (unipartidista como el comunista o el fascista o multipartidista como la partitocracia o el nacionalismo).

Es evidente que, pese a sus proclamas, los actuales totalitarismos, el nacionalismo y el fundamentalismo islámico, son absolutamente contrarios a la democracia.

Ambos abrevan en fuentes en las que la soberanía reside exclusivamente en otros ámbitos distintos al cuerpo político del pueblo: la Nación y Dios. Como esos ámbitos no pueden hablar por sí mismos puesto que son conceptos, sólo pueden ser desvelados por los intérpretes políticos autorizados(legitimados), es decir los nacionalistas y los fundamentalistas islámicos (ya en la época de Hitler se decía que él era la nación alemana).

En definitiva, estas ideologías se revelan como poderes absolutos cuyas castas políticas, rápidamente corrompidas por su manipulación y poder, encuentran en ellas el medio perfecto para conservar el poder, sin proyecto, sin interés real por nada. Entelequias puras, mundos imaginarios… y dinero fácil, saqueo del Estado

En cualquier caso, la actual partitocracia no fue la meta de los ideales democráticos.

Partitocracia y nacionalismo

Como ya hemos dicho, el nacionalismo es el actual totalitarismo junto con el integrismo islámico. Por eso tiene poca importancia el número de grupos nacionalistas o su tendencia en su disputa por el poder. Aspira a organizar al pueblo (al suyo) en un único e inmenso aparato de partido en un discurso simple y único, más aún que el del fascismo histórico de los años 1920-40. Fuera de él quedan los esclavos y enemigos, discriminados y marcados. Y siempre la buena conciencia, el victimismo, la autoadulación, el ciego ombliguismo. Como los alemanes de Hitler, todos inocentes, en realidad todos cómplices comprados, activos o indiferentes.

Cuando estas ideologías subversivas penetran en el ámbito institucional corroen el débil sistema democrático desde dentro con su lenguaje bífido y mentiroso. También el comunismo decía buscar la “justicia” y Hitler gritaba “libertad”.

En consecuencia el voto “para elegir a los amos” y las falsas disputas ideológicas de las oligarquías políticas en la democracia, profundamente degradada y desvirtuada por ellas, no presenta una alternativa atractiva frente al mesianismo, homogeneidad, fanática determinación y fuerza aparente que ofrece el nacionalismo, con su cohorte de resarcimiento de odios y de los complejos de inferioridad de la población autóctona y de los renegados.

Porque es, ayer como hoy, en el caldo de las luchas de las oligarquías partidarias donde el nacionalismo teje su conspiración y poder. Contra nosotros como pueblo y nación, como economía y como sociedad.

Y que nadie se engañe, con los totalitarios no caben pactos ni convivencias. Los que jugaron con el fuego del nazismo y del comunismo terminaron quemados. Los Chamberlain de este mundo no salvaguardan la paz, son preludio de la guerra en desventaja.

La lengua de trapo que emplean utiliza palabras que para ellos carecen de sentido, destinadas a lograr su fin adormeciendo al adversario. Marcuse, el principal filósofo de la hoy vieja “nueva izquierda” ya dijo que las normas democráticas no podían aplicarse a los antidemócratas, a los totalitarios, so pena de matar la propia democracia.

Se engañan también los que han querido ver en el Estado de las Autonomías una solución al problema. Ha demostrado ser un acicate para los nacionalistas, y una perversión constante, y desbordamiento cínico, de las leyes (inmersión, procesos de limpieza “etnocultural”, traspasos, financiación, etc). Las Autonomías no son un modelo a imitar (especialmente económico) ni algo consustancial a una nación, pese a que la ausencia de nacionalismo entre los acomplejados españoles (digan lo que digan los nacionalistas) en nuestra Historia pueda parecerlo.

Por último es un error creer que la actual partitocracia frenará cualquier intento de ruptura del frágil marco institucional. Ni la “derecha” ni la “izquierda” harán más que equilibrios transitorios para ir tirando. El negocio no puede parar. Pero no ven más allá, ni saben poco más, de sus discursos huecos y formales.

Los partidos actuales son deudores de un sistema de polarización ideológica caduca, entre el acomplejamiento de unos y el acoso de otros. No tienen soluciones y viven al día adoptando todas las modas ideológicas (ecología, corrección política, buenismo, antirracismo…) que aparecen, para ¿recuperar? una legitimidad cada vez más escasa y el ya notable distanciamiento de la población.

Son incapaces además de superar con su manipulación y doblez la de los nacionalistas, más mesiánica e irracional, que conlleva el saqueo económico y el chantaje y la autosatisfacción emocional tras la bandera.

Muy ingenuos (o algo peor) son los que “creen” en la sinceridad de los “argumentos” nacionalistas, en realidad mixtificaciones. Sólo son un medio de autoreforzamiento y ataque. La demonización del “otro” y el buenismo porpio son su característica. La población, cómplice, los acoge de buen grado como paliativo social y personal, y así se expande el odio “bienpensante”. Como hicieron Hitler y Stalin antes. La implantación ideológica fanática y “políticamente correcta” es ya muy antigua.

Sólo un proceso de regeneración democrática, que marque unos límites políticos, que garantize las libertades a la población y no a otras entidades ficticias y colectivos antisociales, que cimiente la nación de modo tajante y definitivo, sin mediaciones ideológicas como hasta ahora, que destruya los localismos y territorialismos disolventes y cohesione al Estado y Pueblo de modo que se identifiquen a través de la organización de la participación y el bienestar, podrá frenar esta aberración en la que vivimos y el proceso de esclavización económica y política a que nos lleva la actual deriva caótica.

A pesar de las leyendas rosas progres y conservadoras, en nuestra Historia reciente los tradicionalismos y progresismos han surgido de despropósitos, enfrentamientos, inseguridades y alteraciones que han llevado al Pueblo y la Nación a la ruina. No necesitamos líderes con recetas mágicas ya caducas sino Pueblo y Nación unidas avanzando, arrasando al enemigo como un bloque, identificando los problemas en lugar de ocultarlos bajo la manta del sometimiento al discurso único implantando por el enemigo y sus cómplices. Esta es la política que debemos recuperar y no el politiqueo y la vergüenza inducida, que además nos lleva a la ruina económica sin paliativos.

Debemos aspirar a nuestra fuerza sin complejos ni medianías, porque es así como avanzan ellos. Salgamos de la neutralización que nos imponen y nos atenaza. ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación esperpéntica y crítica?

Por el enfrentamiento, por la autodefensa

El problema de la ineludible regeneración del Estado y la Nación española para sustraerla del precipicio al que la han lanzado las oligarquías políticas conecta estos tres ámbitos: la democracia, el Estado y la Nación.

La colonización y destrucción de nuestra sociedad y país es la consecuencia y meta de la acción conjunta de las oligarquías de los partidos, la presión de los nacionalismos desde dentro del sistema, la fragmentación de las instituciones estatales en aberraciones autonómicas, la cancelación de los derechos civiles individuales por parte de las tiranías nacionalistas, el acoso político combinado de estos y de sus colaboradores politicos en la “izquierda” y en no menor medida en la “derecha”, en el saqueo económico y la represión de lo español como Nación, Pueblo y Cultura.

Es evidente que no se puede solventar esta situación con reformas parciales.

La obsesión por el consenso político de la Santa Transición del 77 ha devenido en un sistema cerrado donde la degradación política de los participantes elimina todos los equilibrios, previsiones y derechos: el nacionalismo de las oligarquías locales, la incentivación autonómica, el chantaje politico de las minorías, la falta de representatividad del sistema electoral, creado para estas minorías territoriales, una abosluta desigualdad en los derechos (incluidos los económicos) por parte de los estatutos vasco y catalán, el colaboracionismo erróneo de las oligarquías políticas nacionales, especialmente la “izquierda” o eso en lo que se ha convertido la izquierda, una desintegración del territorio que va más allá incluso del confederalismo y que de hecho instaura una situación colonial para los territorios fuera de la zona catalana y vasca, una pérdida de autoridad (y ya de legitimidad) del Estado, y la desnacionalización forzada de la población de toda España.

Todo bajo la costra podrida del victimismo y los derechos inventados de los nacionalistas. Estos serían los hechos básicos que parecen extraidos de una película terrorífica de política-ficción, y todo ello por el montaje político de la post-transición a esta oligocracia.

La solución lógica pasa por la recuperación y refundación del Estado por fuerzas adictas a la Nación española que representen a sectores activos de la población, la ilegalización de los partidos nacionalistas y la depuración de responsabilidades en la labor de disgregación abierta de estos, la representación electoral individual, la eliminación de instancias pseudoestatales locales (incluidos los ayuntamientos, que se han mostrado focos de corrupción enormes), leyes e instituciones a nivel nacional, proceso de desfascistización de la población afectada, purga de los cuerpos profesionales estatales y civiles, reforma radical en la enseñanza de las Humanidades, gobierno provisional de salvación nacional.

Que nadie piense que es posible “reformar” un sistema cuya base propone en sí misma su putrefacción: ni las autonomías, ni la colaboración en los proyectos subversivos de los nacionalismos, ni la tiranía de una oligarquía de partidos son compatibles con el respeto a la democracia y los derechos del pueblo español, son de hecho beligerantes con respecto a ellos. Es una guerra que no hemos empezado, pero que hemos de ganar, otro 2 de Mayo, una batalla por la Legitimidad y la Justicia.

Es vano pretender hacer de aprendiz de brujo y adelantar soluciones infalibles, mágicas, pero sí podemos señalar los problemas y decantar su erradicación, indicar la dirección a seguir, por eso hablamos de la Nación, el Estado y la democracia.

Una nación definida, un Estado de derecho y una democracia viva, donde el ciudadano pueda sentirse identificado con el sistema político y social, aunque sea parcialmente, es el programa mínimo de regeneración nacional que debemos impulsar.

Adelante. Por un proyecto de liberación nacional.

Y una vez más: rechacemos todos los personalismos, no importa el quién sinó el qué.

España es libertad.

Los ejes de unidad del movimiento de resistencia- I I : Derogación del Estado de las Autonomías

Ante la posibilidad de no ser suficientemente precisos en las propuestas políticas y organizativas que realizamos en nuestros comunicados, consideramos necesario formular los ejes básicos imprescindibles para vertebrar el movimiento de verdadera y efectiva resistencia a las tiranías nacionalistas y a los cómplices institucionales que las sostienen:

  • Defensa firme de la unidad nacional y del carácter de nación de España, de su cultura y de su historia.
  • Derogación del “Estado de las Autonomías”, fuente del poder de los nacionalismos y aberración política y económica. Lo que requiere propugnar la modificación de la Constitución, en éste sentido, y cambiar la Ley Electoral.
  • Regeneración democrática en profundidad frente al sistema oligárquico de los partidos anquilosados.
  • Instauración, en todos los temas, del principio de protección de la población frente a entelequias políticas y derechos intermedios ajenos a las personas y a la colectividad del pueblo.

En éste documento proponemos un examen sucinto del segundo punto, sin la pretensión de considerarlo cerrado, antes al contrario, agradeceríamos vuestras reflexiones y análisis para en una ulterior síntesis alcanzar una plataforma interpretativa común.

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Derogación del “Estado de las Autonomías”.

Hace aún pocos años, criticar el Estado de las Autonomías era “franquismo puro”. Ahora se va viendo que son la base del problema, del poder, del saqueo y del chantaje de los nacionalismos disgregadores. De antemano identificamos una vertiente política y otra económica.

La primera cuestión que debemos abordar es ¿autonomías para qué?. Si de lo que se trata es de dar satisfacción a grupos que persiguen la disolución nacional o posiciones de privilegio, es estúpido que les hagamos la cama, que es lo que se ha hecho, lo que ha hecho la oligarquía política para cimentar su dominio.

Todo por el consenso a machamartillo del suarismo en la Santa Transición del 77, antecedente del “talante” del régimen socialista de Rodríguez Zapatero. Se recurrió para ello a los Estatutos autonómicos de la maldita II República, origen de todos los males del siglo XX español. Estos Estatutos fueron aprobados exclusivamente por el empecinamiento del presidente Azaña (que quería resguardar el flanco de la izquierda nacionalista catalana), autor de la alianza de las élites republicanas con “los gruesos batallones populares” de la izquierda socialista, lanzados a la subversión.

Para hacer pasar ese trago, Adolfo Suárez ideó el “café para todos”, todos autonómicos. Esto es el autonomismo político, de origen derechista. El izquierdista viene del intento (exitoso) de identificar república, izquierda y nacionalismos separatistas, obviando la ofensiva contra la II República “burguesa” de la izquierda, y saltando directamente a la apropiación de socialistas y comunistas de la República durante la guerra civil, cuando controlaban todos los resortes del poder republicano.

Era previsible que esta situación desagradara, ideológicamente, a los nacionalistas, pero les proporcionaba una fuente permanente de chantaje político-económico. Primero porque el Estado autonómico no refleja toda la “singularidad” que el complejo de inferioridad y envidia, base psicológica del nacionalismo, reclama. En segundo lugar porque el nacionalismo es totalitario por naturaleza y lo quiere todo y absoluto, excluyendo al contrario hasta eliminarle físicamente. Y luego porque el carácter abierto e interminable del proceso autonómico (porque es un proceso y no una situación organizativa) les permite ordeñar la vaca hasta secarla.

Si se argumenta que es cuestión de descentralización, la pregunta sigue siendo ¿para qué?. Como en el mundo empresarial, sólo puede tener sentido para obtener eficacia y reducción de costes. El resultado autonómico ha sido el contrario, y de largo. Y sabido es que una unidad autónoma, cuanto más pequeña es, más caros resultan sus gastos.

Por otra parte, si se trataba de simple descentralización, ya estaban las diputaciones locales, y tal y como lo expresó el ex-presidente socialista Felipe González, con gran indignación de los nacionalistas. Esta actitud, a caballo entre las proclamas de “cercanía” (¿las autonomías en lugar de los ayuntamientos?) y “eficacia” (ahí está el derroche autonómico) y las constantes reivindicaciones “culturales”, les ha reportado grandes créditos políticos.

El municipalismo y el localismo, herencias culturales del Antiguo Régimen feudal, estuvieron presentes en los programas regeneracionistas tanto de liberales como de conservadores, con variados argumentos, surcando la agitada Historia del siglo XIX español, como falsos emblemas de democratismo y antiguas libertades que algunos remontaban a la época de los Reyes Católicos. Perduró incluso en programas como los de la fascista Falange Española, y sigue siendo un arma antimoderna muy apreciada por la extrema-derecha europea de diverso pelaje.

Huelga decir que sólo arrancando este problema en su raiz podemos solucionarlo.

Pero el olfato y motivo oculto para las oligarquías locales es economico. El “se obedece pero no se cumple” de estas oligarquías locales ya condicionó el esfuerzo por la construcción del Estado nacional y supuso, como ahora, una sangría para la Hacienda pública y un freno al progreso económico y social. Como hoy.

Aspecto político

Es bien conocido que el estado central unitario tuvo un desarrollo muy lento y deficiente, en España, a lo largo del siglo pasado y que su funcionamiento democrático fue muy precario tanto en cuanto a la solidez de sus instituciones como en sus medios económicos, siempre obstaculizado y hostigado por fuerzas que, originarias en los privilegios feudales del Antiguo Régimen, han evolucionado en su formulación y representación (de los antiguos señores a las modernas oligarquías económicas y políticas). Si bien el peso e implantación social de esas fuerzas siempre fue muy minoritario, la endémica debilidad, la falta de convicciones, e intereses espurios de los políticos hizo el resto.

Prematuramente se definió que el estado central unitario era una fórmula ineficiente y anticuada (sin haber llegado realmente a existir de una forma estable y continuada) y que el estado descentralizado era mucho más eficiente y democrático (sin pruebas de ello). Mientras tanto, en el resto de países europeos se construían estados unitarios, con notables dificultades, en entornos con mucha más diversidad y complejidad social que en España.

Esos estados han funcionado democráticamente hasta el presente, no puede decirse que hayan sido obstáculos al progreso económico, social, y político, y por el momento no se cuestionan. Más bien, ante el ejemplo negativo de España, que nadie sigue, se reafirman en la conservación de su estado unitario (Francia, Inglaterra, Italia,…no son menos democráticas que España; Alemania sigue el proceso inverso). E incluso hacia esa estructura unitaria se aproximan, de hecho, los pocos estados federales existentes, formulados para unir partes igualitariamente, no para disgregar unidades históricas previas.

Pero “los políticos” de la “transición”, al igual que los de la IIª República, también definieron que la democracia y el estado central no eran posibles sin gobiernos regionales autónomos y fuertes. Convicción, sincera o no, en todo caso gratuita, pero muy conveniente para una pléyade de aspirantes a políticos, arrivistas de todo pelaje (muchos de ellos procedentes del franquismo), que vieron en el proyecto de un estado basado en autonomías una enorme cantidad de nuevos puestos a cubrir, prebendas y regalías a repartir, poderes locales a hacer crecer al máximo incluso por encima del Estado común, aún a costa de desmembrar el país.

Así arrancó el proceso de elaboración de la Constitución de 1978, como un proceso de “refundación del Estado”.

El desarrollo de la nueva Constitución se llevó a cabo bajo la constante presión de los nacionalistas, que aunque muy minoritarios, intervinieron (como ponentes) en la redacción de la misma ya que se pretendía que fuese la Constitución “de todos” (especialmente de quienes desde el inicio anunciaban su repudio). Precisamente, por eso, resultó un redactado ambiguo y con notables defectos, características muy convenientes y en absoluto ingenuas.

La Constitución de 1978 plasmó e hizo realidad la división territorial de 1873 y 1931, regionalización que según los “constitucionalistas” no representaba ningún riesgo para la unidad ni una amenaza a la existencia de España. Ceguera voluntaria, cuando desde el inicio de las discusiones preliminares, el recién emergido (y exiguo) nacionalismo vasco mostró su maximalismo e intratabilidad así como su negativa a aceptar el juego democrático.

Pero con la excusa del “consenso” (“tabú” de la transición) se justificaron cesiones muy imprudentes, algunas notorias y otras más insidiosas. Con ellas se pretendió contentar a los nacionalistas, facilitarles “acomodo” y lograr su integración en una “democracia avanzada”. No sabemos si fue ingenuidad o estupidez, o algo peor.

Los complejos y el miedo, cuando no el desinterés y el desafecto al país, se evidencian a lo largo del texto que apenas se atreve a mencionar a la “nación española” y frecuentemente recurre al eufemismo “el Estado” para evitar el término “España”, o aplica a la lengua común y de integración social, la denominación de “castellano”, en lugar de “lengua española”. No es la primera vez que ocurre.

En especial, conviene señalar esa especie de culto reverencial a la historia, como si pretendiese fundar en ella su legitimidad. Nada se opone a referirse a la historia pero no como “fuente de derechos”, y menos aún asumir historias (locales) falsificadas que los apalanquen. Si el estado centralizado es una antigualla a desechar, no menos lo son los supuestos “derechos históricos”, pero en ningún caso la Constitución debe amoldarse a ellos, sinó al revés.

Pero las vacilaciones y la falta de convicciones, queriendo agradar y satisfacer a todos (incluso a los que nunca quieren darse por satisfechos), llevaron a introducir el indefinido término de “nacionalidades”, sin especificar su alcance, para “diferenciar” a unas comunidades de otras, lo que ha tenido consecuencias tremendas; de ahí se ha pasado, también equívocamente, a la denominación de “nacionalidades históricas”, cuyo verdadero significado (“comunidades que tuvieron un estatuto aprobado anteriormente – II República-“) se olvida expresamente para aprovechar “otro tipo de resonancias” e interpretaciones que nadie, nadie, se ha molestado en desmentir públicamente y con contundencia de una vez por todas, abriendo paso a que todas las regiones reclamen para sí la misma condición.

Si hay algo que los nacionalistas no pueden soportar es la igualdad, de modo que con su propia lógica ahora se reclaman “nación”, y lo mismo van haciendo progresivamente sus imitadores, lanzando un proceso de despropósitos al alza que lleva a la aberración de pretender imponer una definición exótica: “España es una nación de naciones”. Nadie sabe qué es eso, y los propios nacionalistas son conscientes del imposible, pero les interesa forzar ese engendro que saben que se autodestruirá caóticamente. De momento es una proposición inquietante y desestabilizadora; no es la única.

Nunca debió olvidarse que las cacareadas “conciencias nacionales” de los antiguos reinos, ni existen ni han existido, son puras creaciones de los partidos nacionalistas, como también lo son los “hechos diferenciales. Ahora hay que soportar a una cuadrilla de imitadores.

El tristemente célebre “Título VIII”, definido por algunos como un “cajón de sastre” donde se van acumulando toda clase de disposiciones inconexas para “salir del paso” ante las encerronas de los nacionalistas, es, en realidad, su mayor éxito. Según se dijo entonces, las deficiencias e interpretaciones torcidas irían siendo corregidas sobre la marcha por el Tribunal Constitucional, pero este tribunal, controlado por los políticos (incluyendo a nacionalistas), está resultando un instrumento imparable en el desguace de la nación; al no constituir una referencia externa sometida exclusivamente a derecho, resulta en una legalidad trucada.

No podemos extendernos en el examen detallado de todas las deficiencias del sistema, pero sí hay que remarcar una de sus características más perniciosas: el sistema es permanentemente abierto, no se prevé cual pueda, o deba, ser el final en un proceso sin límites pero que da lugar a una graninestabilidad institucional. El techo competencial de los entes autonómicos no está determinado, y al amparo de las ambigüedades constitucionales aquellos exigen como competencias pendientes las que deberían ser exclusivas del estado (nunca definidas), y así se han invertido los papeles: la Constitución define que los Estatutos forman parte del ordenamiento jurídico del Estado del que dimanan, pero ahora las autonomías “blindan” sus competencias, con lo cual es el Estado quien tiene que adecuarse a los Estatutos y conformarse con lo que le dejen, sin “blindar” nada para sí.

En combinación con esta Constitución deforme se implementó una Ley Electoral no menos nociva y decisiva. Al amparo de la misma se ha arruinado por completo el insoslayable principio democrático de “un hombre un voto, y todos los votos valen igual” como cualquiera puede comprobar examinando los resultados de cualquier elección general (p.ej. ERC, más que un partido una banda de malhechores radical y violenta muy minoritaria, obtiene más representación, con muchísimos menos votos que IU -vaya otros-, y así, puede verificarse partido a partido, el verdadero valor de cada voto). A este resultado se ha llegado mediante la definición de las regiones o provincias como circunscripción única, la implantación exclusivamente “regional” de un partido, y la representación proporcional “corregida”.

En conjunto se ha diseñado un mecanismo electoral que hace muy difícil que se puedan formar mayorías absolutas obligando inexorablemente a pactos post-electorales que dan la “llave” del Gobierno a minorías sobrerrepresentadas (sobre todo a aquellas que se declaran explícitamente enemigas del sistema y se proponen su destrucción).

Si la Constitución incentiva a los nacionalismos, no menos lo hace la Ley Electoral que les arroga un poder desmesurado. Pero no debemos olvidarnos de otros grandes culpables: los partidos políticos (especialmente el PSOE y el PP), que pudiendo cambiarla, no lo han hecho, ni se proponen hacerlo movidos exclusivamente por sus cálculos electorales e intereses espurios.

No vamos a olvidarnos de los panegiristas del sistema, los padres del engendro y numerosos y sesudos “analistas” y políticos que reivindican la perfección, lo imaginativo, lo innovador, lo avanzado, lo equilibrado del sistema político creado, para quienes esta Constitución, por fin, “vertebra una nación plural”. Esta ficción no puede mantenerse sin una intensa y constante propaganda sostenida por los corifeos del nuevo régimen en la que participan numerosos “intelectuales”, maestros, periodistas e incluso “artistas” (el “mundo de la cultura” ¿?), generalmente adscritos a una “izquierda”, que no lo es, mera progresía esnob, cuya única seña de identidad parece ser su antiespañolismo vergonzante (sinónimo de antifranquismo retrospectivo de muchos que, bien incrustados en el régimen anterior, necesitan ocultar su origen), y su incoherencia y vacío ideológico sustituido por toda clase de desechos sociales. Junto a éstos hemos de colocar a una “derecha”, que no tildamos de acomplejada, sino de indiferente al país, e incapaz de anteponer la nación a sus intereses sectarios; para ella “España” no es más que un mero argumento instrumental de ocasión, y cuyo único objetivo es participar en el “reparto” de poder.

Todos ellos han participado en ese engaño, en la ocultación y negación del rumbo y destino del proceso en marcha, con la finalidad de evitar la alarma social y una posible movilización ciudadana, único medio de dar al traste con esta indignidad para una población que se ha encontrado indefensa en manos de unas oligarquías políticas inamovibles y pestilentes y los nacionalismos, y atrapada en una red tejida entre la Constitución y la Ley Electoral.

Consideramos irrelevante analizar teóricamente el sistema, basta con observar los efectos más notorios y visibles de una Constitución mal hecha.

No es que el sistema no haya funcionado bien, ni que se haya aplicado mal, es que no podía funcionar de otra manera: la disgregación es el camino que abre el Título VIII. Porque todo el dispositivo se basa en la lealtad de unos partícipes que siempre fueron desleales y mezquinos y no han cambiado, porque esa es su naturaleza.

Si las negociaciones de los Estatutos iniciales concluyeron con claudicaciones e indebidas cesiones, la misma tónica han mantenido sucesivamente todos los Gobiernos de la democracia sin excepción. Todos han dejado pasar con pasividad, negligencia y connivencia, flagrantes violaciones de la Constitución (y de los propios Estatutos). Tanta impunidad no podía más que transmitir a los nacionalistas un mensaje de intangibilidad que les ha hecho crecer y envalentonarse.

Como no podía ser de otro modo, el fantástico “Estado Autonómico” ha sido inmediatamente desbordado por una cascada de procesos miméticos en todas las regiones. Fundamentalmente por dos razones prácticas al menos: los intereses de los políticos locales (o taifales) y la acción de unos “diferencialismos” que terminan generando agravios comparativos.

En cuanto a la primera, cada vez más los señores locales (“barones”) de todos los partidos perciben que intereses y oportunidades están en las “regiones” y no en un “Estado central” que ya es residual o inexistente en algunas y que va camino de serlo en otras, por lo que cuando ya sea un cascajo inútil y vacío habrá que deshacerse de él. Dichos barones territoriales han logrado imponer sus intereses personales (justificados como “cálculo electoral”) a un interés general que el “partido de ámbito nacional” ya no puede representar.

La segunda razón hace referencia a una dinámica inevitable: todas las regiones se reivindican víctimas de “injusticias históricas”, todas son protagonistas de historias “únicas”, exclusivas, desligadas de las demás (y convenientemente mitificadas). Todas están oprimidas por España. Y dado el carácter sacro que se ha otorgado a las “lenguas” locales (ahora declaradas “propias”, prescindiendo de la población real), todas se afanan en inventarse una. La desfachatez no tiene límites. El caso es rechazar vehementemente la lengua común, desprestigiar y dificultar su utilización y su enseñanza (erradicada ya en Cataluña), porque eso da prestigio y demuestra más radicalismo. Esta carrera desbocada en el rechazo de todo lo que nos une, ha sido liderada por los numerosos partidos regionalistas-nacionalistas que han proliferado con una agresividad inusitada, y a más violentos e independentistas se manifiestan, adquieren más legitimidad como “progresistas” y de “izquierdas” (ahora lo reaccionario es progresista). Lo moderno es eso, lo demás es “caspa”. A tal extremo ha calado esta perspectiva que los propios partidos de ámbito “nacional” (que no “nacionales”) se sienten deslegitimados y sus secciones regionales descalificadas como “sucursalistas” de “Madrid”, pese a que adaptan sus estructuras a un modelo federal-autonómico en el que se desnaturalizan.

La disgregación ha penetrado en todas las instituciones, incluso en las de la sociedad civil aplastada ya por las exigencias identitarias.

Las indebidas transferencias de “Cultura” y “Educación” a manos de las Comunidades han puesto en marcha procesos de ingeniería social dirigidos al repudio y al odio a España de consecuencias incalculables.

En el “Estado Autonómico” hay menos igualdad que en los estados centralizados, y sin igualdad es una quimera la democracia y la libertad. Este Estado es menos democrático porque necesariamente las “naciones” no pueden sino reclamar derechos exclusivos para sí, y eso implica crear Estados distintos: la disgregación.

De hecho lo que ahora aún se denominan Comunidades Autónomas tienen un funcionamiento y desarrollo institucional y burocrático hipertrofiado de muy difícil control, igual al de los grandes Estados. Un hecho insólito, con un coste brutal y un derroche extremo al que por nada renuncian en su política propagandística de hacerse visibles y de “prestigio”, ahora ampliada con la autoarrogación de la representación internacional y las inminentes “selecciones deportivas nacionales” (la española ya no podrá ser “nacional”, y tal vez ni existir), una cuestión en absoluto baladí digan lo que digan nuestros politicastros, se trata de un verdadero “abrelatas”. Si las transferencias de competencias han estado mal hechas, obedeciendo a las exigencias de los nacionalistas, su administración por parte de las Comunidades está resultando desastrosa. La teórica igualdad de derechos de los españoles en todo el país es pura filfa.

A éstos resultados nos ha conducido la única evolución posible de la actual Constitución, al eufemismo ridículo y falso de la “España plural”.

Aspecto económico

El Estado de las Autonomías es una estructura notablemente costosa, ineficaz, inútil y dispara la desigualdad. No olvidemos que esta aberración requiere el triple de funcionarios que un sistema normal, centralizado, lo cual ya nos resta un punto y medio de crecimiento del PIB anual.

El establecimiento de fronteras económicas neofeudales impide además la redistribución de la riqueza. Puestos a trocear, ¿por qué Barcelona debe pagar el menor desarrollo de Lérida?, ¿o por qué las zonas fértiles de ésta deben pagar la aridez de otros lugares de la provincia?. La excusa nacionalista esconde un sistema de saqueo de las oligarquías locales que arranca de la Edad Media. Sirve también para cubrir una buena cantidad de envidias y frustraciones sociales y personales que el nacionalismo encauza y alienta.

El exiguo 30 % de la economía que controla el gobierno central se une a todas las desventajas de la descentralización: dispersión, solapamiento, caciquismo, corrupción, control político… para impedir el desarrollo. Así el crecimiento real del PIB español lleva 25 años por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial. Irlanda partió de nuestra misma posición y ahora es la tercera economía europea, con una renta per cápita de 33.000 €/año, un 65 % superior a la española.

No entraremos en un análisis del maldito Estatuto catalán, que consagra el saqueo sistemático de la economía española, por el que el gobierno español no puede intervenir en la economía catalana (que se aprovecha del mercado nacional) pero la Generalidad tiene derecho de veto, lo que no existe ni en las confederaciones. Y esto unido al derroche e incompetencia demostradas largamente por los partidos catalanistas.

Una situación de vasallaje absurda además puesto que la economía catalana depende totalmente de la española y su mercado nacional. Como el resto de autonomías pudientes van a exigir lo mismo, serán los pobres los que decaerán, especialmente Andalucía y Extremadura, de siempre estigmatizadas como “vagos y ladrones” (justo al revés, lo son ellos).

Tampoco vamos a entrar en el sistema foral vasco, por el que el gobierno autonómico recibe transferencias de impuestos recaudados bajo la soberanía fiscal de las diputaciones forales. Esto no existe ni en Suiza ni en los EEUU.

El navarro es distinto porque es una sola provincia, sin la compleja red de interdependencias y relaciones forales. Franco mantuvo privilegios forales en Navarra como concesión al apoyo carlista a la rebelión de 1936. Los reaccionarios de extrema-derecha son muy devotos de los antiguos privilegios feudales contrarios al moderno Estado centralizado que en España vino de la mano de los liberales, con todos los defectos de estos sin embargo.

Tenemos también el caso especial de Canarias, con un régimen fiscal propio en la imposición indirecta. Y el de las autonomías de régimen común uniprovinciales, donde destaca el caso balear, con sus consejos insulares que no se han extinguido frente a la Hacienda autonómica.

A esta complejidad se une el hecho político de un gobierno central permanentemente claudicante y que no hace cumplir las normas y leyes comunes frente a las periferias desleales, sublevados y que desean “negociar” siempre porque en cada negociación no pierden nada y siempre cae algo. Este proceso de putrefacción aún se complica más por el hecho de que el sistema fiscal de una autonomía no puede ser adoptado por otra, como sería lógico en una situación de igualdad y no de privilegio flagrante. De ahí que el ex-presidente regional catalàn, Pascual Maragall, hablara descaradamente de “asimetría”, es decir, de desigualdad, de injusticia.

Las CCAA tienen todas las ventajas, el Estado ninguna, es el malo de la película, el receptor de todas las demandas, mientras que las CCAA se dedican a reducir impujestos, por ejemplo, o a dar subvenciones, medidas demagógicas y populistas, que paga el gobierno central, es decir todos los españoles.

Este es uno de los males del bilateralismo al que se tiende cada vez más, y otro es que no hay un criterio de equidad fijo, todo este tinglado se basa en “derechos históricos” falsos y aberrantes, que han logrado pudrir la democracia e instalar un mar de castas políticas, estructuras burocráticas, corrupción económica y clientelismo político.

De ahí parten las tan manidas balanzas fiscales, una obsesión del profesor nacionalista Trias Fargas.

Pero las balanzas fiscales deben integrarse en un sistema completo de flujos económicos y financieros de toda España, extraordinariamente complejo.

Para demostrar lo que está en juego tanto a nivel político y económico como de derechos democráticos y justicia social, baste decir que el 75 % de los flujos interregionales de ingresos y gastos derivados de la actividad del sector público son atribuibles en exclusiva a la redistribución personal de la renta, por la que se ajusta la equidad y se compensan las diferencias entre ricos y pobres, consecuencia del fucionamiento del mercado, lo cual aún sigue siendo la base del sistema político y social democrático.

Otro 8 % financia la creación de bienes públicos y regulatorios y sólo un 16 % de los gastos para el reparto territorial. Estas son las cifras y los hechos con sus posibles (probables) consecuencias.

De otra parte, el victimismo vasco, con una economía del 7 % nacional, y el catalán, con una economía de saldo equilibrado: tercera CCAA en PIB per cápita y tercera en aportación neta por habitante, especialmente equilibrada en comparación con Madrid o Baleares. Si tuvieran que protestar por algo sería por el CEV (cupo vasco). Y si de beneficios hablamos, la catalana es la región con el mejor saldo comercial favorable.

Ya no es sólo el aprovechamiento del mercado nacional ni el trasvase de población y de ahorro en el pasado y hoy, con los beneficios escandalosos de su banca, sino de otros parámetros, como la población activa y la pasiva (jubilados, parados, minusválidos…) que no les interesa tener en cuenta porque salen perdiendo.

Como la campña de finales de los años 70, “somos 6 millones” (de catalanes), aquí sí les interesó incluir a los “charnegos” para desactivar su oposición. Para el resto no.

En definitiva, el reparto fiscal no depende tanto de marcas territoriales o de poblaciones geográficas, como de las diferencias sociales individuales, es decir entre ricos y pobres. Si hay zonas subdesarrolladas es porque se ha promovido el desarrollo de otras. Franco bien pudiera haber instalado fábricas fuera de las zonas industriales tradicionales, o proteger otras que decaían. Especialmente con el INI. Ya había un grupo de falangistas de Barcelona que lo proponían. Profetas. Sin embargo los nacionalistas desagradecidos aún critican el Plan Badajoz.

El saqueo económico

La sangría político-económica tiene tres pilares: el funcionariado, la clase política y el dinero.

En cuanto al funcionariado, tenemos más de un millón y medio autonómicos y 600.000 locales, frente a poco más de medio millón nacionales (la tercera parte policía y militares). En 15 años han aumentado en 800.000, de ellos 700.000 son autonómicos. Y ello sin contar Universidades, diputados, órganos constitucionales, personal de empresas públicas, etc, con lo que podríamos engordar la cifra en varios centenares de miles más.

El porcentaje de altos cargos y sus sueldos es de escándalo. Hace seis años había un alto cargo por cada 1.979 funcionarios en la Administración Central, en las CCAA la proporción era de un alto cargo por cada 412. Sus sueldos suponían el 0,12 % en la Administración Central, y en las autonómicas el cuadruple. El tripartito catalán, que hizo bandera de la denuncia de los gastos pujolistas, ha aumentado espectacularmente el número de altos cargos.

A esto hay que sumar el aumento de personal en la Administración Central con la política del PSOE desde 2004, que ha sido de un 30 % en estos últimos cuatro años. En cuanto a las CCAA, el número de funcionarios parece querer ser su gran secreto, porque la opacidad es absoluta, hasta el punto de que los 2,5 millones de funcionarios oficiales se convierten en 3 según el boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas y la EPA (Encuesta de Población Activa).

Y este aumento de plantillas autonómicas no se justifica por el traspaso de competencias, porque desde el año 2000 no se ha transferido ninguna que implicara un número importante de funcionarios. Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos. El hecho es que desde 1998 el número de funcionarios autonómicos se ha duplicado.

Las diferencias en los sueldos de los funcionarios autonómicos y los nacionales roza el escándalo, y aumenta a medida que desciende el rango (lo cual es una forma de presentar al nacionalismo como “popular” y “obrero”). Los que más ganan son los vascos, gracias al maldito Concierto Económico que pagamos todos. Las diferencias son de un 30 % a un 70 % (¡!) con respecto a la menor.

Le siguen en esta comparativa Canarias y Baleares. Los motivos de estas desmesuradas diferencias son los incentivos autonómicos a antiguos funcionarios nacionales y las consecutivas negociaciones sindicales, que parten de una obligatoria subida anual del 2 % inscrita en los Presupuestos Generales del Estado.

En cuanto a la clase política, existen 65.522 concejales, 8.108 alcaldes, 1.034 diputados provinciales, 784 autonómicos y 2.175 ediles locales diversos, además de los 350 diputados y 254 senadores nacionales. Los autonómicos cobran sueldos que están entre los 9.000 y 51.000 euros más dietas. En Cataluña, por ejemplo, es de 34.000 y en Galicia de 30.000.

El presidente regional catalán cobra casi 150.000 y el madrileño 88.000, y el vasco 81.000, como el nacional. Un consejero catalán cobra 130.000 y uno de sus secretarios sectoriales 80.000. Los funcionarios que más cobran son los vascos, claro, con el dinero de todos los españoles.

Los primeros diputados democráticos entraron cobrando 50.000 pesetas, que pronto se autoaumentaron al doble, y se dotaron de múltiples privilegios entonces inexistentes: transportes, créditos, gastos de representación, pensiones íntegras.

Y llegamos a la deuda autonómica. Suma en el 2007 la cifra astronómica de 60.743 millones de euros, el 5,7 % de su PIB. La CCAA con mayor deuda sigue siendo la catalana, con 16.671 millones, seguida de la valenciana con 11.130. La deuda global con la banca es de 25.000 millones, el 14 % de los presupuestos regionales, que aumenta al doble si se añade el ayuntamientos y diputaciones.

Desde 1995 ha ascendido de forma vertiginosa. En 2002 era menos de la mitad de la actual (31.294 millones). Ya en 1984 la catalana era la más elevada.

Y no vale hablar de lo que aportan, de la “solidaridad”. Cataluña aporta el 3,32 % de su PIB al resto del territorio español, pero Madrid lo hace con un 10,88 %, y Baleares con un 6,99 %. El País Vasco y su Concierto Económico representa sólo un 7 % de la economía española, y reciben mucho más, que malgastan.

No es de extrañar que en 1984 pagáramos 1.645,6 pesetas de impuestos directos y 1.521,9 de indirectos por habitante, y en el 2000 las cifras se vayan a 8.008,0 y 8.557,9.

Desde 1995 ha ascendido de forma vertiginosa. En 2002 era menos de la mitad de la actual (31.294 millones). Ya en 1984 la catalana era la más elevada.

Y no vale hablar de lo que aportan, de la “solidaridad”. Cataluña aporta el 3,32 % de su PIB al resto del territorio español, pero Madrid lo hace con un 10,88 %, y Baleares con un 6,99 %. El País Vasco y su Concierto Económico representa sólo un 7 % de la economía española, y reciben mucho más, que malgastan.

No es de extrañar que en 1984 pagáramos 1.645,6 pesetas de impuestos directos y 1.521,9 de indirectos por habitante, y en el 2000 las cifras se vayan a 8.008,0 y 8.557,9.

Los grandes perjudicados son los más necesitados y poblados, que han contribuido con su población y ahorros (de los que se nutrió la banca vasca y las empresas catalanas) al esfuerzo industrializador: Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia (los del BNG no protestan en esto), y la más perjudicada de todas es Madrid, que con un 17,7 % del PIB nacional, el 13,4 % de la población y un crecimiento medio del 17 % va a recibir un 400 % menos por culpa de los pactos de Zapatero con los nacionalistas catalanes.

Esta es la “asimetría” de la que hablaba el ex-presidente regional Maragall, es decir, desigualdad manifiesta, feudal, antidemocrática y tiránica.

—- o0o —-

En conclusión:

Si la Constitución es una expresión de buenas intenciones, su resultado más que decepcionante es desastroso: no ha resuelto nada, lo ha agravado todo.

Tanto progresismo no ha servido para resolver la reestructuración territorial, ni para acallar “viejos problemas” sino para acentuarlos y hacerlos intratables.

No es exagerado decir que ésta Constitución ha creado un problema gravísimo donde no lo había, y a ello han contribuido todos los Gobiernos de la democracia y los partidos políticos que no sólo no ofrecen ninguna solución sinó que son parte del problema.

Esta Constitución no ha vertebrado nada ni satisfecho a nadie, ha dado tal protagonismo a los nacionalismos que hoy se exige que sea la propia Constitución quien debe ser modificada para adaptarse a los nuevos Estatutos: se han invertido los términos.

La Constitución ha fomentado el secesionismo e incentivando a los nacionalismos de tal modo que no sólo desobedecen al Estado cuando les conviene sinó que incluso lo desafían abiertamente.

Ha sido un estrepitoso fracaso. Formulaciones semejantes se han ensayado en otras dos ocasiones en épocas distintas y en condiciones sociales muy diferentes a las actuales y en todos los casos el resultado ha sido siempre un desastre. El “experimento” ha de darse por terminado

Es imprescindible reformar la Constitución para liquidar el Estado de las Autonomías, no sólo para acabar con impresentables privilegios como el “cupo vasco” o el régimen foral y recuperar competencias que jamás debieron ser cedidas. Es tan drástico y difícil lo uno como lo otro, y será la misma “clase política” quien se opondrá a ello con tanta o más ferocidad que los propios nacionalistas.

No se pueden permitir partidos regionales nacionalistas, ni territorios convertidos en guetos lingüísticos, “no se puede tolerar a los intolerantes”, ni tampoco se puede permitir una Ley Electoral que viola la igualdad de todos los votos. No hace falta pretender ser “originales”, hay fórmulas que funcionan satisfactoriamente: circunscripción única, mayoría simple a doble vuelta, etc.

Esto implica también “refundar el Estado”, construir un Estado común, verdaderamente democrático que garantice la unidad del país, la igualdad, la libertad y el progreso.

Y nunca hemos de olvidar que a esta situación nos han llevado los intereses de los políticos; no obedeció a ninguna demanda social, ni a un clamor popular.

Por eso insistimos en nuestra llamada a la unidad en el objetivo supremo de defender la integridad de nuestro país y la libertad.

La solución la hemos de crear nosotros, no podemos esperar que nadie nos la vaya a dar hecha y menos estos políticos.

Está en nuestras manos crear y estructurar un movimiento antinacionalista popular, cívico, capaz de plantar cara a los nacionalistas, a los manejos de los politicastros y al facherío progre.

Y una vez más: rechacemos todos los personalismos, no importa el quién sinó el qué.

España es libertad.

N.O.A. Núcleos de Oposición Antinacionalista

España campeona: un hecho trascendental deportivo y político

España campeona de Europa 2008. Una espera de 44 años y ocho días. Días de locura, victoria tras victoria. Con un equipo nuevo, joven, que se había ido forjando como ganador en las sucesivas secciones juveniles. Y una ilusión abrasadora, como los colores de nuestra bandera, de nuestro anhelo.

Una lección a Europa, una lección al mundo. Lo ha dicho el propio Luís Aragonés. Todas las “selecciones favoritas” se han revelado un fraude, una pompa de jabón: la francesa, la holandesa, la alemana. Los panzer derrotados por la “furia roja”, y los rusos dos veces

Y la marea de la afición, envuelta en rojo y oro, que fue y es en realidad todo un pueblo, que se levanta y despliega su orgullo, que se siente y se mueve como uno sólo. Este es el gran golpe a los falsos indiferentes y al enemigo, la bestia separatista, que rechina los dientes, como hemos podido ver, porque viven de la vida y desdicha ajenas, como parásitos.

Esta energía no puede perderse. Esos gritos de “¡España!”, “¡Viva España!”, de “¡Soy español, español, español!”, sin complejos ni vergüenzas, no pueden difuminarse en el vacío. Debemos de hacer una reflexión: convertir esta victoria en emblema del movimiento de regeneración nacional y democrática, de liberación de las garrapatas que nos oprimen y saquean. Hemos de sacar paralelismos políticos de esta situación.

En Barcelona o en Bilbao el torrente de banderas nacionales, muchas veces enarboladas por chicos y chicas jóvenes, incluso muy jóvenes, redujo la rabia y la envidia de los nacionalistas al silencio. Y sobre todo a sus mentiras de que en los territorios que controlan mafiosamente toda la población es de los suyos. Mentira.

El partido más visto desde que hay controles de audiencia. Y los colores más vistos de toda la Historia, reconquistando las calles.

¡Ahora saldrán amigos y enemigos a convencernos que no hay para tanto, que es un negocio, que todo es una distracción de los problemas reales (pero no nombrarán al nacionalismo). No es cierto. Es la respuesta a esos problemas, los grandes: la destrucción de la Nación y el Estado, el socavamiento de la democracia por la partitocracia, la represión de la lengua nacional y natural de los españoles a favor de dialectillos manipulados, el saqueo de la economía nacional, la ruina y aberración del Estado de las Autonomías. Esto es lo que percibe el ciudadano, esto es la realidad.

Y todo esto en medio de las campañas de “El Mundo” y de la UPD de Rosa Diaz en defensa de nuestro idioma frente a los atropellos de los nacionalistas y la complicidad criminal de ZP y de eso que se ha apoderado del PSOE. Y de la memez culpable del PP. ¡Bien por Luís Aragonés que lo ha apoyado con rotundidad!.

Esto es un clamor, un movimiento que ha tardado en gestarse, narcotizados como es-tábamos por la perversión de la democracia causada por la partitocracia ladrona y oligárquica, por las falsedades de los nacionalismos y el control por lo “políticamente correcto” de los medios de comunicación.

Pero ya se acabó. Nos hemos levantado y hemos visto que no estamos sólos, como en la manifestación de la AVT en Madrid. “España no caminará sóla”, nunca más, porque somos todos. Y este movimiento de crecimiento colectivo es sólo la culminación de un proceso de autoconciencia y rebelión. Como el Dos de Mayo de 1808.

Vuelven a menospreciarnos. Es su error.

Por la libertad. Por la unidad. Por la prosperidad de todos. Por la democracia. PODEMOS.

España es libertad. Hacia la constitución del movimiento de resistencia.

Núcleos de Oposición Antinacionalistas N.O.A.

¡Tú también puedes!

Desde la humildad, pero también desde la conciencia y el compromiso irreversibles, queremos hacer un llamamiento al movimiento de resistencia:

  • a quienes conciben a España como nación, es decir, una sociedad conformada por una Historia común nítidamente reconocible, y que conserva una voluntad de permanencia y un compromiso de futuro.
  • y también a quienes, poseedores de espíritu cívico, entienden que una nación no es sólo un nombre y una Historia sino unos valores y estructuras sociales y culturales comunes garantes de la aspiración legítima de libertad, igualdad, unidad y progreso.

Hablamos de clarificar, de defender abiertamente a España y la Libertad. Ambos conceptos, distintos pero inseparables sin tapujos ni coartadas. Lo mismo cabe decir de la individualización del enemigo, que está en ofensiva traidora y abierta: los nacionalismos, sus cómplices en la izquierda, la asepsia de la derecha (cómplice necesario en la demolición de España) y la aberración (especialmente económica y nacional) del sistema autonómico, verdadero vivero e incentivo de los diversos, y crecientes, desafios nacionalistas.

Llamamos a superar la presente fase en la que, alzada la voz y levantadas unas organizaciones y partidos, parece que no sabemos cómo o qué hacer con ellos, como si estuviéramos perplejos, y no sólo por los recientes resultados electorales.

Si persistimos en nuestra actual actitud endogámica, si las naturales diferencias de opinión nos impiden unirnos en lo esencial, si somos incapaces de ese esfuerzo, nos convertiremos en caricaturas de nosotros mismos y el futuro estará marcado por los nacionalistas.

Llamamos a actuar, a organizar y a debatir qué hacer y de qué modo coordinarnos. Y en esta labor las figuras y los responsables de todas las asociaciones deben ser fundamentales. Crear y extender un espíritu unitario es imprescindible para enfrentarse con posibilidades a la disgregación en curso. Organizar, coordinar, movilizar.

Conscientes de las diferencias, e incluso oposiciones, que puedan haber entre ellos, así como sus respectivas militancias, insistimos en nuestro llamamiento unitario, y así, sin ser exhaustivos, citamos explícitamente a líderes de prestigio y voluntad del movimiento: Carlos Martínez Gorriarán, Francisco Alcaraz, Gotzone Mora, Rosa Diez, Ladrón de Guevara, Félix Pérez Romera, Santiago Abascal, Jon Juaristi, Pío Moa, Francisco Caja …

Sólo de ellos puede partir una iniciativa unitaria con éxito. A ellos apelamos.

Porque una vez más, ante todo, no importa el quién sinó el qué.

Elecciones como acción política

Hemos reiterado hasta la saciedad la necesidad imperiosa de que el movimiento de resistencia a la presente tiranía de los nacionalismos y sus aliados en la destrucción de nuestra nación, se reconozca como tal y se estructure.

Que parte de esa estructura debe ser un partido político abocado a la lucha parlamentaria es una conclusión lógica, sin desdeñar otras formas de movilización política y de relación entre los diversos grupos y sectores del movimiento.

Empezamos por el Partido de los Ciudadanos. Ya hemos dicho que miembros de los NOA participaron en las asociaciones que prefiguraron el partido: el Foro Babel y el Foro Mogambo. Y también hemos dicho que su trayectoria se ha visto truncada por los personalismos y las ridículas luchas de poder, que además dañan su imagen.

Imagen ya un tanto ambigua por su falta de perfil político, que debería de ser el de antinacionalista, que la élite del partido ha intentado difuminar, víctima del “síndrome de Estocolmo” que siempre sufren las organizaciones existentes en territorios controlados por nacionalismos. Últimamente están intentando compensar este defecto en su labor parlamentaria, pero entre la militancia no cunde ese espíritu.

Después tenemos a la UPD de Rosa Díaz. Por fin un partido que no tiene miedo de construirse a nivel nacional y de defender la unidad. Pero la UPD tiene un claro perfil de salvador de la autenticidad de la izquierda democrática que, evidentemente ahuyenta a los votantes conservadores.

Tampoco creemos que sea ese su papel. UPD no nace para restarle votos al PP, muy al contrario prestaría sus votos a una actitud de regeneración nacional y oposición firme al actual penoso estado de postración ante los separatistas, por parte de un gobierno de ese partido.

Y llegamos al PP, uno de los grandes, con un caudal fijo de votos y que lidera la actual oposición al “gobierno de demolición caótica” del ZPSOE y sus corrosivos aliados.

Pero no todo son rosas. El PP ya gobernó. Y el PP si vuelve a gobernar volvería a pactar con los que ellos llaman sus aliados naturales (¿?): CyU y PNV. Más equivocado no se puede estar.

El enemigo son esos, y “el sonrisas” es su (destructivo) aliado circunstancial.

El movimiento ha de tener su propia voz. Sin excluir a nadie. Pero la condición ineludible deber ser batir al enemigo, lo demás es posponible y accesorio.

¿Política católica o catolicismo político?

Iniciamos con este una serie de análisis en profundidad sobre los diversos componentes actuales del movimiento contra la situación de desintegración nacional, degradación de la democracia, quiebra de valores y blindaje de la partitocracia.

Vamos a hacerlo, además, desde el punto de vista de cada sector, con sus argumentos, intentando también desvelar sus carencias.

Son tendencias que, partiendo de su ámbito, han debido avanzar hacia una comprensión global del problema en sus diversas facetas y en su origen.

Queremos con ello invitar a la reflexión a cada sector del movimiento, y a que se reconozcan entre ellos. Este reconocimiento entre sectores y grupos es la línea que siempre hemos propugnado los NOA.

Después de los grupos católicos seguirá el de los conservadores, los constitucionalistas, los “no-nacionalistas” junto a la resistencia al terrorismo nacionalista armado, la izquierda leal, y los liberales. Esperamos os sean útiles

¿Política católica o catolicismo político?

Valores frente a laicismo vacío

La presencia viva de grupos católicos en el movimiento de resistencia al actual estado degradado de la situación política y social en nuestro país, se enmarca en lo que se ha llamado el “retorno de lo sagrado”.

Esto está originado por el derrumbe de las “utopías seculares”, especialmente el “socialismo real”, el comunismo, y en general de la izquierda occidental, sustentada en los efímeros logros socio-económicos del “Estado del Bienestar” ya desaparecido.

Los grupos católicos surgen como protesta a la degradación social de una “ética progresista” que, en realidad, está vacía y no ha engendrado valores reales, sólidos, más allá de un lenguaje hoy reconocido como “políticamente correcto”, donde abrevan sus sectas.

La crítica es especialmente hiriente para una izquierda instalada en el poder y en el sistema, que se acomoda muy bien al consumismo ciego, y que ha apoyado a los regímenes del “Telón de Acero” que sólo han gestionado miseria. Una izquierda, por lo tanto, que sólo ofrece consumismo o miseria.

La laicidad aparece como una parte (sacada del viejo arsenal decimonónico de los radical-socialistas) del sustituto ideológico del programa económico izquierdista. Fracasada la nacionalización masiva comunista, finiquitada la tendencia obrerista y la pantalla (liberal además) del Estado del Bienestar, la izquierda se queda sin la excusa económica y sin ideología, debiendo recurrir a los llamados “nuevos movimientos sociales” que le proporcionan los rendimientos de una estrategia política, y la mejor defensa siempre es un buen ataque: cuotas de poder para las minorías raciales y sexuales, para las mujeres (es decir para su élite profesional), puertas abiertas a la inmigración, demonización de la derecha y del “neoliberalismo globalizador”, ataque a todo lo que huela a religión, moral o tradiciones, actitudes “mayo-68” incluso a nivel institucional (lo que genera contradicciones y problemas profundos)…

De manera que el origen del surgimiento recristianizador es el mismo que el de todos los grupos realmente “antisistema”: la verificación de que tal sistema no funciona y, sobre todo, que no es lo que dice, que se sustenta en mentiras, en potentes pantallas mediáticas, en mistificaciones y manipulaciones. En que, de hecho, no sabe a donde va, avanza a salto de mata y es parte de los intereses inmediatos de los grupos políticos y económicos, y de su desnudo afán de poder.

El inicio de este resurgir está, más que en las consecuencias del Concilio Vaticano II, en el magisterio de Juan Pablo II, en el que se reafirmará la identidad católica a través de la ruptura con las bases de la sociedad laica, proporcionando una alternativa de ética, de orden y en definitiva, de sentido.

Las resistencias, como para el resto del movimiento, son grandes. La recatolización surge en una sociedad profundamente secularizada, donde los medios de comunicación, o la escuela, lejos de ser neutrales o de “educar para la libertad”, son palmariamente sectarios, represivos y tendenciosos. El modelo de vida que ha dejado esta herencia de mayo del 68 en la que abreva todo “progre” o “alternativo”, es de un pasotismo y una vacuidad pasmosas.

En este contexto, el lenguaje evangélico suena doctrinario y sobre todo moralista, ético hasta rozar lo estético. Si se obstina en mantenerse en ese estrecho (socialmente) margen cuesta mucho penetrar en él desde el exterior, a menos que se zambulla en el medio político como consecuencia de la presencia de la identidad, los valores y la labor católicas y su papel en la sociedad.

El tema de los valores no es secundario, es fundamental tanto por el actual contexto social como por los ataques de un “laicismo” utilizado como pura maza de asalto sin contenido ético alguno. Se trata de una batalla de valores y derechos.

Los valores no poseen una validez permanente, necesitan recomponerse y reimplantarse, so pena de convertirse en mera apariencia con el paso del tiempo. Eso ocurrió con el cambio social durante el franquismo, los años 60 de la tecnocracia y el desarrollo económico que sustituyó al formalismo ideológico del falangismo.

La propia identidad de los valores requiere su imposición para ejercer como tales. Su opuesto se convierte en un sinvalor. Los valores que no logran la hegemonía se convierten en trastos inútiles. Es la versión para la ética y moral, de la dialéctica amigo/enemigo de la política. Es la única realidad, impuesta sin escrúpulos por el extraño “progresismo” mutante que padecemos.

La ingenuidad es aquí algo más que un peligro, es suicida

El ejemplo polaco

Esa labor social la intentan cubrir enclaves en la red como ArbilConoze o Hazteoir. Han decidido dar un paso más, conscientes de que la apuesta política supone un alejamiento de sus orígenes pero también que les integra en una perspectiva más amplia, más real, en el movimiento, con sus iguales.

Exactamente como los sacerdotes polacos que descubrieron, en la represión y la cárcel junto a otros compañeros de viaje, militantes obreros o demócratas, una extensión de su compromiso evangélico con todo el que sufría persecución injustamente.

El ejemplo polaco es especialmente ilustrativo de la actuación católica en política. Si, por un lado, el católico descubre en la represión antireligiosa del régimen un motivo de oposición y movilización más allá de su labor de apostolado o afirmación de la fe, y la similitud de su represión con la de otros sectores enemigos de ese régimen, por otro lado entenderá enseguida que la labor de la Iglesia y de la comunidad creyente no es crear una facción política (la “democracia cristiana”) sino incidir, como todos, en la sociedad y frente a las instituciones, en los temas que les afectan, tanto en su faceta de creyentes como de ciudadanos.

Los magros resultados de la Democracia Cristiana polaca (10% de votos, un 30% del voto católico) en 1990, y la advertencia de líderes del sindicato católico “Solidaridad” de su rechazo a un papel político de la Iglesia en la democracia, confirman las prevenciones de sectores amplios del electorado católico de afrontar un proceso de recatolización social que implique tanto enfrentarse con antiguos compañeros de lucha laicos (Carta-77KORComités de Defensa Obrera) como unirse a antiguos colaboradores (incluso confidentes de la policía política) del régimen comunista, entonces miembros de un partido católico comparsa y ahora en la DC.

El propio sindicato “Solidaridad” hizo del catolicismo polaco un signo de identidad y resistencia, pero aplicado a un ámbito y fines más amplios (y no sólo laborales o nacionales), y esa fue su grandeza y su victoria.

Esta actitud era perfectamente comprensible. El Vaticano, con Pablo VI, había practicado una política conciliadora con los regímenes comunistas con la esperanza de preservar los restos visibles de la Iglesia y de reconstruir su castigada y envejecida jerarquía. Esto desprestigió a la Iglesia, fortaleció a los organizaciones-títere del régimen (“Pacem in Terris”) y desencantó a muchos fieles militantes.

Una década después, los esfuerzos de la política católica se han evidenciado en un gobierno católico que empieza a tener roces con sectores liberales o progresistas antiguos resistentes al comunismo.

La travesía del desierto

Por otra parte, la simbiosis Iglesia-Estado es contraria al devenir del catolicismo, y más propia del protestantismo, en contra de las apariencias (ya ha sido desarrollado el vínculo entre nazismo y protestantismo, especilamente servil, a través de la doctrina tradicional luterana de los “dos reinos” y su clásico quietismo político), y uno de sus mejores ejemplos es el reglaismo tradicional español (que no pocos roces causó, especialmente con los “progresistas” jesuitas y sus ghettos indigenistas).

Es el catolicismo el que, en contra de la falsedad de la Leyenda Negra antiespañola (especialmente la referida a la Inquisición), está en el origen del surgir del individuo autónomo, de la sociedad civil, la autonomía del Estado, la espiritualidad o el arte y la civilización europeos. Un bocado demasiado grande para las evanescente modas “progres” y sus efectos disolventes.

Quien contradijo la tradición de la Iglesia fue la “Teología de la Liberación”, que rompió la Iglesia en un eje de “lucha de clases”, negando su autonomía y sustituyendo su mensaje por un mesianismo secular, aprovechándose del clima y las resoluciones del Concilio Vaticano II.

Su efecto más pernicioso será el alejamiento de muchos obispos y sacerdotes que ya estaban ejerciendo labores sociales entre los más pobres.

Ese suele ser el resultado de los radicalismos sociales, meras pantallas dialécticas. Las que alimentan la leyenda negra contra Pio XII (basada en el despectivo telegrama del embajador alemán ante la Santa Sede, Ernest von Weizsäcker) soslayan que tras esa actitud cautelosa a denunciar públicamente la persecución a los judíos estaba la preocupación por los miles de ellos escondidos en propiedades eclesiásticas, que una condena firme hubiera llevado a la muerte, junto a conversos y matrimonios mixtos.

Quizás muchos católicos hayan olvidado la penosa situación de la Iglesia española en los años 70. A la etapa de una cierta convivencia con la cultura política falangista, se dio una temprana reacción a mediados de la década de los 40 con movimientos obreristas contestatarios como la HOAC y la JOC. De esa nueva cultura religiosa surgieron numerosos movimientos de izquierda de origen cristiano (FLPORTOICESOC…) y de tipo ciudadano.

En los 70 existe una tendencia muy maniquea, hasta el cinismo, relativista, y muy atenta a la apariencia “moderna y progresista”, muy manipulable políticamente desde fuera del ámbito eclesial y extremadamente intolerante y dogmática con quienes no comulgan con ella. Totalitarios de izquierda que tenían el campo libre ante el agotamiento de organizaciones como Acción Católica o la ACNP.

Ello comportó graves consecuencias: marginación de individuos y grupos, deserción en la práctica religiosa, división, desaparición de asociaciones, falta de vocaciones, etc, todas por discusiones inútiles y mezquinas. La situación no se regeneró hasta mediados de los 80, cuando la jerarquía logró reasumir el liderazgo y replantear los problemas, lo que se plasmó en resoluciones como “Testigos del Dios vivo: la misión e identidad de la Iglesia en nuestra sociedad” (1985) y “Los católicos en la vida pública” (1986), así como el nuevo Código de Derecho Canónico (1983) y del Catecismo (1992).

Básicamente se trató de reforzar las creencias, reconstruir la moral familiar y social y retomar la labor de evangelización.

Pero el mal ya estaba hecho. El contexto religioso y el social habían cambiado lo suficiente como para suscitar la aparición de un catolicismo laxo, sin compromiso ni conexión con la realidad vivida, cómodo e incoherente. En definitiva, débil, que se complementa con otro catolicismo fiel pero cobarde, poco activo y muy formal.

En otra posición están los militantes, vivenciales, organizados (12.000 entidades registradas), pero no todos implicados en la vida política. Unos apolíticos, otros abogando por recluirla en la responsabilidad individual, y los menos, comportándose como brazo y conciencia del pueblo católico, y que son mirados con recelo por el resto, a pesar de la gravedad de los retos actuales y la importancia de las respuestas a dar.

Cuando la libertad es lucha

Resumiendo: la desvinculación del catolicismo con respecto a cualquier forma política es un tema antiguo, pero la indiferencia ante los ataques es irresponsable y suicida. La primera labor de la Iglesia es la formación de conciencias que garantizen la defensa de la justicia frente a intreses personales, grupales o ilegítimos. En esta labor no es la Iglesia como institución la protagonista sino más bien los fieles como ciudadanos o grupos. Lo cual ha manifestado Juan Pablo II en diversas ocasiones.

Es evidente que ha fracasado el proyecto de institucionalización de la Iglesia y el actual de privatización de la religión (católica, porque la musulmana y el fundamentalismo laicista se han unido en la misión de arrasar la Nación y el Pueblo españoles). En la sociedad actual cohabitan ámbitos de privatización y de politización de la religión, y ambos por factores tanto estructurales como intrínsecos de la sociedad y la religión.

Toda la estrategia de resistencia de la Iglesia pasará por lo tanto por mostrar esa “arrogancia de la razón”, cuyos sueños producen monstruos, producto de la ideologización de la Ilustración, cuyo último resultado fue el materialismo marxista, denunciado tanto por el moderno análisis católico (Lustiger, Ratzinger) como por la teoría crítica marxista (Adorno, Horkheimer) que identifica al iluminismo como totalitarismo.

La idea moderna de libertad es un producto legítimo del espacio vital cristiano. No podría desarrollarse fuera de él… Cuando la propia Iglesia se convierte en Estado, la libertad se pierde. Pero es igualmente cierto que también se pierde la libertad cuando la Iglesia es suprimida como entidad pública, que goza de influencia”.

(“Iglesia, ecumenismo y política”, Joseph Ratzinger, 1987).

Dado que la dimensión temporal de la vida humana se realiza a través de la pertenencia a diversas comunidades, la nacional y el Estado, y es por tanto al mismo tiempo política, económica y cultural, la Iglesia redescubre continuamente su propia misión en relación con esos sectores de la vida y la actividad humanas. La Iglesia, estableciendo una relación religiosa con el hombre, le consolida en sus vínculos sociales naturales”.

(Juan Pablo II, 1979).

Al contrario que el islamismo, el objetivo de la recatolización sería, no convertirse en Estado, sino restaurar la Iglesia como entidad pública. Y ello implica, hoy en España, luchar contra las fuerzas institucionales que pugnan por destruir todo aquello que compone y define al pueblo español.

Los ataques que recibe la Iglesia no son gratuitos sino producto de su propio valor como institución pública, y hoy se articulan sobre tres ejes:

• Según estudios sociológicos actuales, el PSOE depende totalmente del voto católico. Estos estudios afirman que el factor religioso supera al de la clase y nivel sociales.

Este voto católico es por lo tanto plural y es fundamental captarlo y, sobre todo, concienciarlo de que las operaciones políticas ya no giran (o, si se prefiere, ya no sólo giran) alrededor de la dictomia, hoy muy difusa, derecha/izquierda, sino sobre operaciones de grupos con intereses concretos e inconfesables, sin escrúpulos ni norte conocido. Enemigo, en definitiva, es quien te humilla y ataca.

• Existe una verdadera “guerra de religión” entre la que se considera, por propios y extraños, propia de España, y la “excusa laicista”, aliada a su vez de las religiones totalitarias de los nacionalismos.

• La Iglesia católica es, lo quiera o no, un factor político de importancia, y no puede dejar de manifestar sus intereses y opiniones. Pero la movilización y encuadramiento del pueblo católico tendrá que correr a cargo de los grupos militantes.

Aquellos grupos que desean mantenerse, ellos y su labor, al margen del ámbito político, deben ver que las dimensiones y características de esa labor social tiene una magnitud política considerable que los laicistas han sabido valorar, y por ello, intentar desmontar a través de la corrupta y financiada trama de las ONGs.

Al catolicismo militante le toca asumir el frente abierto.

Necesariamente, y como cualquier parte del movimiento de resistencia contra la tiranía antiespañola, deberá partir del antagonismo, de la afirmación social de la identidad.

Dar ejemplo, como ha sido la estrategia de los primeros tiempos de todas las formas doctrinales.

Dos respuestas se dan en la formulación de la estrategia de la recatolización: por un lado la restauración del espacio católico en instituciones-puente entre lo público y lo privado, como la escuela. Y por otro lado el surgimiento de espacios de vivencia comunitaria a través de grupos carismáticos, frecuentes blancos de la “izquierda” mediática, y no exentos de la crítica de la corriente principal de la Iglesia, que les acusa de estar más centrados en su carisma que en la labor evangélica común, en definitiva les acusa de sectarios militantes.

Son, en todo caso, cuestiones que el catolicismo político y la política católica tendrá que resolver en su seno. Pero no estará sólo. Si es valiente, no. A su lado caminarán todos los que combaten contra un régimen que sólo ofrece su impostura, la esclavitud y el vacío.

N.O.A. Núcleos de Oposición Antinacionalista

Liberales y conservadores, una historia de España

La visión que el conservadurismo tiene de él mismo desde el siglo XIX es la de una opción renovadora, “transaccional”, es decir pactista, un “centro integrador” que defiende “los principios esenciales de la revolución liberal”, y sobre todo ESTABLE.

Y esta visión será, a la postre, la que va a marcar su ideología. “La derecha es cobarde”. Falta de ideología, de fimeza, complejo de inferioridad frente a la izquierda (sin ideología ya pero con malas artes y mucha autolegitimación).

Y se la llama cobarde porque ya desde 1820 los “exaltados” exhalaban un jacobinismo puro, extremista, desleal y agresivo, ante el que había que ser consecuente en la respuesta ideológica. Como hoy ocurre.

Como describe acertadamente José María Marco:

En contra de lo que constituye una de las características del ideario conservador, el Partido Popular se ha abstenido hasta ahora de preconizar para la sociedad española un consenso que vaya más allá de lo político y la aplicación de la ley, y se ha abstenido casi siempre en el debate ideológico. Por ejemplo, un elemento tan básico en la cohesión y la continuidad de la nación como es el patriotismo –valor conservador por excelencia- ha sido puesto en sordina por el Partido Popular, aun cuando no haya dudado en enfrentarse a los nacionalismos. José María Aznar ha preferido con frecuencia hablar de “recuperación de la ilusión colectiva y de la confianza de los españoles”. El Partido Popular también ha evitado la discusión en cuanto a la religión y las costumbres. Lo ha hecho incluso cuando ha tomado medidas que favorecían a la Iglesia católica (como la implantación de la asignatura de Religión en el bachillerato) o que pretendían defender a la familia (la negativa a legislar sobre contratos civiles para parejas del mismo sexo). La voluntad de restaurar un currículo nacional en la enseñanza secundaria no fue acompañada de la correspondiente –y necesaria- ofensiva ideológica.

El liberalismo, por el contrario, es producto de los profundos cambios que su evolución, protagonista del siglo, le ha dejado en su cuerpo político. Centrado en la defensa de libertades civiles y económicas, no todas sus iniciativas han resultado fructíferas para el Pueblo y la Nación españoles. Iniciativas como las desamortizaciones no cumplieron sus objetivos, o los resultados fueron negativos. Por otra parte, elementos ajenos al cuerpo político liberal aprovecharon sus movimientos para cumplir sus fines ocultos, siempre radicales. Detrás de las violentas independencias americanas, por ejemplo, estaban estos radicales, como Riego o Mina, sirviendo quizás de modo idealista, a intereses ajenos, sectarios y extranjeros.

Aún en el 78, el complejo y los errores de ese conservadurismo liberal, o liberalismo conservador, para con la Nación se revelan fatales, tal y como reflejó el diario ABC:

El naufragio del liberalismo español -ese liberalismo que no se reduce a los liberales doctrinarios, sino a quienes han forjado, con distintas siglas, la moderna Europa- se produjo en el momento en que no pudo añadir al acuerdo constitucional una nacionalización de masas, basada en un sentimiento de pertenencia, en una familiaridad con la cultura compartida, en un principio elemental de solidaridad que precediera a la convivencia bajo el cielo protector de la Carta Magna. No quisimos comenzar por hacernos una idea de España y nos conformarnos con disponer de un esquema formal para encapsular sus instituciones. Creímos que la realidad iría fabricando la idea, y no ha sido así. Bien lo entendieron quienes construyeron naciones desde organismos autonómicos. Quienes han ido impugnando ese significado nacional sobre el que se construye cualquier edificio político duradero. Lo entendieron perfectamente los nacionalistas: su mismo nombre indica que empezaron por definirse por un sentido de comunidad que debían convertir en conciencia colectiva. Ningún analista puede creer que los nacionalistas iban a conformarse con disponer de un Estatuto y aceptarlo como fin de trayecto, como hicieron los constitucionalistas españoles con el texto de 1978.

Hoy, su resurgimiento en nuestra nación viene estrechamente vinculado a una apuesta por la defensa de las libertades civiles, (amenazadas sobre todo por el intervencionismo de lo “políticamente correcto” de la post-izquierda y por el totalitarismo de los nacionalismos) y por la globalización y liberalización económicas, que consideran vinculadas todas ellas entre sí.


La dicotomia política

En sus origenes, tanto el partido liberal como el conservador eran de hecho grandes constelaciones de grupos, tendencias y representantes de grandes y pequeños intereses a nivel nacional, local, económico o cultural. Lo propio de las sociedades de la primera industrialización.

Entre las facciones liberales y conservadoras que protagonizaron la andadura política del siglo, existía una pugna por los términos que los definían: moderados, unionistas, puros, progresistas…, y que supondrá una escalada en la radicalización que no frenaría la lógica y progresiva moderación de las posturas de las facciones.

Esa radicalización y proliferación no llevó a la clarificación de las posturas políticas, más bien aumentó la confusión por la multiplicación de las simpatías calladas.

Voy a darme el placer de dejar al Duque de Tetuán con un palmo de narices, porque voy a ser más liberal que Riego”, diría el “espadón” moderado general Narváez refiriéndose al “unionista” general O´Donnell en 1871.

El propio conde de Romanones o Gabriel Maura utilizarían un lenguaje rupturista y jacobino hablando del “antiguo régimen”. El mismo lenguaje, por otra parte, de la Dictadura regeneracionista del general Primo de Rivera, que se autocalificaba de “santamente revolucionario”.

Es la enfermedad de los moderados, tener que apechugar con la fuerza del reivindicacionismo y agitación de los “revolucionarios”, radicales y “progresistas”, lo que les ha generado un complejo de inferioridad. El mismo complejo trajo la nefasta II República y el aún más nefasto régimen oscuro de Zapatero.


Las bases constitucionales

El concepto en que se basan las modernas constituciones españolas, especialmente la de 1845), de los “antiguos fueros y libertades”, es netamente conservador. Cortes y rey, dirían Donoso Cortés y Jaime Balmes. Es la expresión doctrinaria del pensamiento del liberalismo moderado, el moderantismo, que encarnarán el reformador Cánovas del Castillo y el general Narváez.

Pues bien, a pesar de su moderna centralización administrativa, las Constituciones del 45 y todas las otras, adolecerán de la contradicción de respetar, y de hecho encarnar, los reaccionarios y medievales fueros, fortalecidos y aumentados bajo Isabel II en la Restauración.

Estos fueros generarán potentes oligarquías locales, primero económicas y después políticas (“se acata pero no se cumple”), que con el tiempo y ante cualquier crisis crearán los nacionalismos políticos modernos.

Y para los industriales catalanes, el proteccionismo a ultranza, el mercado cautivo y subdesarrollado por y para ellos. Ambos regímenes y sus oligarquías encarnan el conservadurismo duro español. Antimoderno y proteccionista.

La propia abolición canovista de los fueros en 1877, y pese a su pensamiento moderno centralizador, se debió al cumplimiento de las leyes de 1839 y 1876, sobre quintas y tributos. No tenía Cánovas, por desgracia, una posición antiforal, y de hecho inició los Conciertos Económicos privilegiados.

Frente al racismo e integrismo de los nacionalismos, ya entonces, la centralización la definió Cánovas como “la civilización y la libertad”, pero ese transaccionismo conservador, de pacto y componenda, que aún hoy dura, oligárquico y alejado de sus bases (como el PP), le impidió ponerla en práctica.

Como en el caso de Cánovas, ese sistema de equilibrio centrista sólo puede lograrse con la colaboración leal o la ausencia de los partidos flanqueadores.

La política descentralizadora, inútil y desacertada, la continuaron Canalejas, Dato y Maura. Todo por la “evolución” política. Esa debilidad, considerada virtud también ahora por los conservadores españoles, es y ha sido la causa de todos los problemas endémicos de España y el mejor aliado de sus múltiples enemigos subversivos, radicalizándolos e incentivándolos.


Una tarea a cumplir

El movimiento de resistencia antinacionalista NECESITA a estos ciudadanos que se atreven a decir que son conservadores o liberales, que han recuperado esos términos para el arco político activo, que apoyan públicamente a Israel, una alianza con los USA o la globalización. Verdaderos “políticamente incorrectos”, rebeldes con causa, ciudadanos conscientes y activos.

El surgimiento hoy de estos movimientos ha venido acompañado de una intensa ola de reivindicación y protesta frente a la incentivación del proceso de desunión nacional y degradación política que viene protagonizando el gobierno del presidente Zapatero.

Una ola que ha escogido como emblema la enseña y el himno nacionales. Y que sólo en ellos puede encarnarse.

Como ha reprochado recientemente el PP a Zapatero, el diálogo en sí mismo no es un valor ni un programa, y menos con adversarios desleales para con el sistema democrático y sus libertades.

Y este es el verdadero problema de los que se enfrentan hoy a las dictaduras nacionalistas y a sus aliados gubernamentales: perderse en sus conceptos, lo colateral, la sectarización, la obsesión por la equidistancia o el consenso a cualquier precio, e ignorar el verdadero problema y carácter del enemigo, es decir la unidad nacional, sin la cual ningún programa tiene base o sentido. ¡Aprendamos del pasado!.

Decía Nietzsche que las palabras terminan volviéndose duras como piedras, y por lo tanto inservibles para su fin de definir y expresar realidades.

Por ello, la propuesta política conservadora o liberal, defensora de las libertades, nada valdrá ni logrará si no se encarna, firmemente y sin tibubeos ni mediaciones, en una más amplia de regeneración política, en el combate contra el presente proceso de degradación democrática y, sobre todo, de la recuperación de la unidad nacional, asignatura pendiente y base indispensable de cualquier proyecto.

Constitucionalistas: entre la libertad y la ley

Entre los grupos que constituyen el movimiento de resistencia a las tiranías nacionalistas y sus cómplices institucionales, forman un nutrido sector los constitucionalistas. Desde grupos locales a entidades veteranas, basan su discurso de defensa de la libertad en la defensa de valores constitucionales que están siendo pisoteados o ninguneados.

Totalitarismo y legalidad

El constitucionalismo en la Historia de España arranca en 1812, con las Cortes de Cádiz. Fue el más importante logro del siglo XIX en conjugar el moderno constitucionalismo con el régimen monárquico, lo que le granjeó la enemistad de los liberales moderados. Se reconocía como ley suprema el gobierno representativo, la separación de poderes y la independencia judicial.

La Constitución actual es la de 1978. El problema es que el origen de este texto es la necesidad de componendas y pactos entre todos los sectores emergentes de oposición al agonizante régimen franquista: demócratas del sistema e izquierda (especialmente el PCE), nacionalistas y extrema izquierda. (Una buena descripción se encuentra en “Así se hizo la Constitución” -Joaquín Aguirre Bellver, 1978-, donde se dice que “hemos encargado hacer nuestra democracia a unos pícaros”).

En la izquierda pronto reinaría en solitario el PSOE, gracias al apoyo del presidente Suárez y al dinero de los socialistas alemanes. La derecha, siempre acomplejada, ya desde los años 30, terminaría agrupada en AP, al final más sólida que la élite de notables de UCD. Los extremos desaparecieron ya en los 80 y quedan los nacionalistas.

Buena parte de la constitución está enfocada a ellos. La organización territorial, heredera de los nefastos estatutos autonomistas azañistas de la II República, o el sistema electoral desequilibrado.

El problema es que los nacionalismos no están ni estarán satisfechos con una subdivisión territorial y unos derechos hegemónicos que no sean absolutos. Con un voto estable, que aumenta con la proliferación de sus organizaciones y tendencias supuestas, manifiestan de un modo cada vez más arrogante y directa su deslealtad al sistema, a la democracia y a la Nación española.

Combinan la corrupción, el caciquismo y los componenetes del conchabeo partitocrático con el constante aumento de su poder y la aceleración de la escalada nacionalista, promovida por el desarrollo de grupos extremistas de alborotadores que ingresan en el sistema parlamentario.

Se equivocan los que creen que el nacionalismo es sólo una forma de legitimar un poder creciente e ilegítimo, es mucho más: es la pulsión totalitaria.

Con los nacionalismos tenemos el mismo problema que con los islámicos, o anteriormente con los fascismos y el comunismo. Es esa ansia de totalitarismo, de totalidad egocéntrica de la ideología nacionalista, de metas desmesuradas y descabelladas de “limpieza étnico-lingüística”, con la que tropezaron las democracias europeas en los años 30, en los 40 y ahora, y con las mismas bonitas palabras: autodeterminación, derechos, comunidad, víctima… Ya las utilizaba Hitler.


Los límites de la democracia

La democracia consiste en dotar a cada ciudadano del derecho al voto, y de permitir el libre juego de tendencias y facciones. Dejando a un lado la fosilización y corrupción del sistema por los partidos, existen muchas maneras de limitar en la práctica el modelo democrático sin socavar su formalismo.

Comunistas, fascistas, nacionalistas, populistas y autoritarios de todo tipo han sido maestros en conquistar y desvirtuar la democracia y en transferirse su legitimidad (“democracia popular”, “democracia socialista”, “democracia orgánica”, “democracia social”).

La legalidad revienta cuando organizaciones desleales ingresan en el sistema y adquieren un cierto volumen, introduciendo elementos de funcionamiento o de principios que son espúreos.


Legitimidad versus legalidad

La inserción de estas organizaciones en el sistema les da además un plus de legitimidad, de derecho y credibilidad de sus presupuestos ideológicos. Lenin y Hitler lo sabían bien, y todos los políticos populistas (Morales, Fujimori, Chaves…). Con todo, el nacionalismo es un totalitarismo más puro y letal que el resto de ellos juntos. Ya dijo el filósofo de la “nueva” izquierda, Herbert Marcuse, que no puede aplicarse la democracia a los que desean destruirla.

La fusión de las lealtades al Pueblo, Nación y Estado crea un “nuevo mundo feliz” en el que los problemas desaparecen, junto con la pluralidad, las facciones y los sectores sociales. Los métodos, los resultados y las intenciones reales de tales regímenes se hacen visibles posteriormente, y para entonces es casi imposible superar la barrera de legalidad, legitimidad, ideología y coerción que poseen.

La deslealtad que ellos demuestran para con la democracia no la permiten ni en pequeñas dosis a sus hipotéticos opositores: es el camino de Robespierre y Stalin, y los ramalazos que ya tuvieron Arzalluz, Pujol, Carod…

La democracia no supone un obstáculo para ellos, que utilizan su nombre para encubrir abusos de todo tipo: culturales y políticos.

Así, cuando hablamos de la “Constitución de 1978”, ¿a qué momento idealizado de su aplicación nos referimos?, ¿y en qué papel situamos a los nacionalistas?, ¿en el de comparsas necesarios?, ¿como expresión de “hechos diferenciales” reales y no creados por ellos?.

¿Hasta donde la negación de la Nación, los insultos al Ejército, la persecución del idioma, de la libertad de expresión, de información, la unidad fiscal, todo ello citado en la Constitución?.

¿En qué punto de la desintegración de nuestra Nación y de saqueo de nuestra economía deberíamos habernos plantado?, ¿cuánta deslegitimación y cuánta desigualdad aguanta el sistema?.


La encrucijada constitucional

El inestable sistema autonómico ha estallado cuando los partidos nacionales han incentivado el cambalache con los nacionalistas, por motivos de matemática electoral, y cuando se ha apoderado de uno de los partidos, eliminando a todas las facciones, un personaje político con ansias de puro poder o con metas inconfesables.

El baile de localismos, “descentralización”, regionalismos, federalismos, partitocracia, autonomismos, fuerismos y nacionalismos ha generado un aumento de la burocracia de un 1.700 %, del gasto estatal, y de los impuestos, sin contar con la infinita corrupción y la multiplicación de la represión a la lengua y cultura españolas por parte de una caterva de palurdos y coléricos nazis provincianos.

Si la Constitución del 78 quería ser un freno para los nacionalismos ha fracasado. Si quería ser un pacto duradero ha fracasado. Es hoy una estructura rebasada. Y los mismos que la violan piden su reforma mientras blindan sus estatutos autonómicos. Supremo cinismo político.

No ha sido una buena constitución como no lo fue la republicana. Podría haberlo sido sin el problema nacionalista o sin haberse doblegado a él. El consenso sistemático con organizaciones desleales ha terminado con ella y con cualquier proyecto de estabilidad. Sólo el adoctrinamiento de la población de sus territorios es un problema que requiere grandes remedios.

Para plantar cara a esta situación y recobrar las libertades es para lo que muchos se han movilizado. Pero hay que señalar sin vacilar el daño y los culpables y proponer la solución, y no paliativos y contemporanizaciones que son de hecho colaboracionismo. Ya no es sólo la Constitución, es la democracia, el Pueblo y la Nación mismos.

Llegados a esta situación, las fuerzas demócratas sólo pueden verificar lo elevado de la apuesta y lo radical del antagonismo, más allá de cualquier apariencia de legalidad formal, al estilo del nefasto Herrero de Miñón.

No es una cuestión de reforma o interpretación, son los propios fondos y formas los que han sido quebrantados. Porque el legalismo sin legalidad conduce a la eliminación práctica de los derechos.

El movimiento antinacionalista

Las organizaciones antinacionalistas comienzan a surgir a finales de los años 80, cuando la caótica efervescencia política post-franquista desaparece y queda conjurado el peligro involucionista tras el 23-F. Es entonces cuando grupos de ex-activistas comienzan a sentirse agobiados y a reflexionar sobre la escalada agresiva de los nacionalismos.

Surge así en Barcelona la “Asociación Miguel de Cervantes”, en 1983, centrada fundamentalmente en el mundo cultural y la denuncia social. Un grupo de jóvenes se escinde de ellos en 1992 deseando llevar a cabo una labor más política y crearán la “Asociación por la Tolerancia”.

Toda la labor de resistencia al nacionalismo fructificará muy lentamente con iniciativas como el Manifiesto de los 2.300 (1981), el de la Tolerancia Lingüística en 1994, la creación del “Foro Babel”, en 1997, o más recientemente, el de la Plataforma Libertad en 2000, y del “Partido de los Ciudadanos” en 2006.

En el País Vasco la valiente AVT se creará ya en 1981, para hacer frente a la horfandad de las víctimas del terrorismo ante la desidia e inacción de los sucesivos gobiernos. El Foro Ermua en 1997 y Convivencia Cívica en el 98. Comienzan a editarse webs en Internet con el nacimiento del siglo cada vez más abiertamente claras y denunciantes.

Las Olimpiadas del 92 en Barcelona y la histeria nacionalista que las acompañan (pretendieron que se celebraban no en una ciudad sino en un “país”) suscitan alarma y coinciden con un alud de obras y críticas sobre el agresivo empuje nacionalista.

El mundo intelectual comienza a despertar. Este tendrá y tienen hoy un gran protagonismo, pero no debe hacernos olvidar que los intelectuales son sólo una espoleta (en el mejor de los casos) y que un movimiento no puede depender de los vaivenes de ellos si quiere estar vivo y perdurar.

Estas dinámicas, y todo el movimiento en general, está fuertemente lastrado por la hegemonía y autolegitimación del nacionalismo y su lenguaje. Esas expresiones y actitudes “políticamente correctas” de los nacionalismos se han introducido también en las formulaciones y el fondo político del movimiento antinacionalista, que se niega a llamarse así y adopta el absurdo nombre de “no-nacionalista”, que no ataca la patraña cultural de los nacionalismos, o la aberrante y costosa estructura autonómica para ellos creada.

El otro gran problema que debe afrontar el movimiento es el fraccionamiento.

Primero político. La reciente crisis del Partido de los Ciudadanos es un buen ejemplo de ello: los enfrentamientos personales, sectarios e ideológicos, se mezclan y solapan, casi hundiendo un proyecto que se inició en el “Foro Mogambo” una década antes.

El segundo es estructural. Aún hay hoy grupos reticentes a salir del estrecho marco regional o local en el que se desenvuelven, por miedo a constituirse en una alternativa nacional española, aunque eso no les evite las acusaciones de “franquistas-fascistas-lerrouxistas” del enemigo.

Los NOA son producto de esa reticencia, de ese complejo. Nacen para combatirlo.

Todo ello nos obliga a considerar como primer objetivo del movimiento “crear” el propio movimiento, dotarle de significado y visibilidad, en definitiva corporeizarlo.

En comparación con la situación de hace diez años, el movimiento ha crecido y se ha fortalecido, pero no basta, es sólo el inicio del principio. Generar ese movimiento, hacerlo visible, crear un lenguaje, unos valores y unos símbolos únicos y compartidos. Y tener como meta y eje la regeneración nacional y la eliminación de los nacionalismos y sus aliados. Sin más.

Esa es la paradójica meta próxima del movimiento: generar el propio movimiento, organizarlo.