A la aplicación fáctica del aberrante Estatuto de Cataluña y su sistema de financiación, es decir  de saqueo, se une el aquelarre autonómico (incluidas, como el que más, las comunidades autonómas “del” PP) y el irracional, abusivo, e injusto “concierto económico vasco”. Es evidente que la chapuza de la constitución del 78 y el sistema autonómico hacen aguas y revela su verdadero rostro: un sistema de saqueo, injusticia y parálisis política y económica basado en los chantajes y dictaduras de los nacionalismos antiespañoles, que cuentan con el control y la colaboración de los medios de comunicación y la educación.

Así mismo, la intoxicación de la idea democrática por un “buenismo” (que es casi  un éxtasis místico), paradigma de lo políticamente correcto, obra de esos medios y de esa educación, ha logrado imponer una visión tan alejada de la realidad que la tergiversación del lenguaje, la distorsión de los significados e incluso de los hechos actuales, constituyen una membrana pegajosa de la que es difícil desprenderse. La virulenta descalificación por el entorno mediatizado, ante cualquier disidencia respecto a la ortodoxia decretada, llega a inducir, en muchos, la duda, la inseguridad, el debilitamiento de sus convicciones y la necesidad de refugiarse en actitudes contemporizadoras y claudicantes.

Corrompido el significado democrático, valores, instituciones, legitimidades y legalidades quedan sin contenido, y es la potente propaganda, que nos envuelve, quien ocupa su lugar condicionando las mentes (“imponiendo el discurso”, “creando” el pensamiento único) al margen de las realidades tangibles. Inmune a la “tozudez de los hechos”, introduce y afianza en el imaginario social multitud de afirmaciones e ideas espúrias que devienen verdades indiscutibles muchas de las cuales tienen un alcance meramente electoralista (así se explica, por ej. la persistencia del voto a la autodenominada “izquierda”). Pero otras, más perniciosas, de mayor trascendencia para ahormar y adormecer a la sociedad en la falsa ensoñación de lo que ya no es democracia, alcanzan casi la categoría de mitos. Entre otros, señalamos:

 El mito de la “alianza de civilizaciones”, fantasmagórica e ideologizada aproximación al “fin de la historia”, que negándose a aceptar las peores realidades que encierran “las civilizaciones” a que va dirigida (sin eufemismos: el fanatismo y agresividad del islamismo) nos entrega inermes, a medio o largo plazo, a ellas.

El mito del “diálogo” y de la tolerancia, pócima alucinógena que oculta la realidad: con la intolerancia y totalitarismo de los nacionalistas (terroristas o no, pues ambos van acoplados) lo único a dialogar y negociar son los plazos y condiciones de la cesión a sus chantajes y amenazas. El “diálogo” no supone el fin de la “violencia” sinó su incentivación y el reconocimiento de la misma como método eficaz.

El mito de que “en democracia todo es defendible, si es por medios pacíficos. Todo cabe en democracia.” (incluso los secesionismos totalitarios, incluso cuando no tienen nada de pacíficos, incluso cuando el matonismo, la violencia, y la amenaza, se adueña de las calles, incluso cuando se utiliza la democracia para destruirla desde dentro con sus mismos procedimientos…). Mito o enfermedad –“democratitis”-, deviene cierta la afirmación anterior una vez desvirtuada la democracia, conculcadas las leyes y subordinada y amaestrada la justicia al servicio de los intereses de cualquier partido.

La inmediatez y arraigo de éste último tópico, cuyo cuestionamiento hace retroceder a muchos, constituye nuestro problema principal, más que la actual crisis económica, porque el poder destructivo que ostentan los secesionistas antiespañoles condicionan en buena medida la perniciosidad de la misma. No son la “causa” primaria, pero como en todas las situaciones, y ya van muchas, los nacionalismos exacerban los problemas, vengan de donde vengan, hasta hacerlos intratables (naturalmente tienen la carota de decir que “no quieren pagar la crisis de España; no tiene porqué afectarles”, pero es que a eso es a lo que se les ha acostumbrado: ellos despilfarran y los demás pagan).

La ley electoral que les arroga sobrerrepresentación y poder es aberrante, pero no lo es menos la perversión “democrática” de que estamos hablando, que les admite, indebidamente, como partidos normales, cuando realmente no son sinó grupos secesionistas que abiertamente declaran no ser españoles ni formar parte del Estado Español, no tienen por tanto cabida –la niegan-, ni figura legal, en el ordenamiento institucional de España (de la que dicen no formar parte; son ajenos).

Su admisión en las instituciones, como partidos legales, no es “generosidad democrática” (¿significa algo eso?), sinó estolidez y papanatismo. Su presencia espúria en las instituciones democráticas españolas está enmarcada en abiertas actitudes cínicas que todos hemos visto, y su acción en ellas, también declarada públicamente, tiene como objetivos: “debilitar al Estado”, “desestabilizar al Estado”, “hacerlo disfuncionar”, es decir aprovecharse de los medios que esa democracia débil les da para destruirla conscientes de su impunidad y de la falta de firmeza y claridad democrática del sistema. Es decir, en España, dentro de nuestro ordenamiento vigente, se trata de grupos nítidamente antidemocráticos ya que pretenden destruirlo, y su actividad debe calificarse de traición.

Pero esas realidades quedan enmascaradas con el falso enfrentamiento “derercha/izquierda”, dicotomía extraordinariamente simplificadora producto de la propaganda electoralista y de la vesanía de los dos partidos principales cuya única pretensión es hacerse con el poder para, como vemos, servirse de él y no para servir a la Nación Española. No sorprende, por tanto, que niguno de ellos dude en aliarse con los enemigos declarados de ella, cuya finalidad es hacerla desaparecer.

También queda enmascarado que el medio para tanto extravío ha sido el engendro del Estado Autonómico y las “naciones” que ha impulsado, y el propio Gobierno ha estimulado, afianzadas finalmente sobre una inmensa red de intereses apenas disimulados por el teatro de las farfulladas históricas, culturales y étnicas.

Los problemas que plantean los grupos secesionistas con su negación de España y las embestidas para destruir su integridad (con la constante amenaza de referendums como coartada legitimadora), trascienden, por su propia naturaleza, los límites de los problemas que se derivan de la actividad parlamentaria democrática y no son solucionables mediante ella porque son problemas de agresión exterior que debe ser repelida contundentemente.

Nada importa que las pretensiones secesionistas se rodeen de consultas populares para presentar una apariencia formal democrática, porque cualquiera que fuese el resultado de las mismas sería ilegítimo e ilegal ya que se pretende arrebatar al Estado porciones quepertenecen a todos los españoles.

Cuando el propio Gobierno ampara, pese a su ilegitimidad, tales decisiones, cuando la partitocracia se une a los que atacan a la nación, su existencia, y su unidad, y el sistema político  les acoge en su seno dándoles legalidad, se ha introducido la subversión en el propio Estado y en el Gobierno.

Y en consecuencia, el sistema y el Gobierno actual es ilegítimo, porque no defendiendo ni a la nación ni a sí mismo (más bien fomentando su desintegración) actúa como lo que es: el antisistema en el poder.

Ahora, el antisistema está en el poder.

Nada podemos esperar del sistema actual salvo el desastre, ni tampoco debemos deslumbrarnos con la aparición de nuevos partidos que se integran en el mismo, aunque no debemos rechazarlos  (antes apoyarlos) en la medida en que puedan representar un avance en la lucha, pero frente a la ilegitimidad institucional realmente no nos queda otro camino:

¡Unidad, organización, insurrección!

Unidad por la unidad nacional y la libertad.