A petición de los secesionistas hay que represaliar duramente a cualquier militar que exprese su disposición a defender la unidad de España.

Esta nueva acción ofensiva, en consonancia con actitudes que ya se han ido detectando en el actual Gobierno, se produce en un contexto en el que se airea insistentemente la necesidad de cambiar la Constitución para adaptarla a las exigencias de los secesionistas antiespañoles.

Ni se contempla la posibilidad contraria: de recuperar competencias por el Estado o de prohibir partidos secesionistas (como se da en casi todas las constituciones existentes).

Ni de modificar la actual Ley Electoral, por la que partidos irrelevantes en el conjunto del país son los verdaderos rectores de la vida, y muerte, del mismo.

La maniobra se completa con la perspectiva de la casta política:

IU, decidida a que hay que disgregar el país.

PS (¿oe?), antiespañol vergonzante, forzando el trágala del federalismo, que abre la vía a la autodeterminación, es decir la secesión, “legal”.

PP, que dice ser el partido que defiende la unidad de España. Mentira. En su universo “la economía lo es todo”, esto es, todo se puede comprar y vender, todo se puede negociar. Todo. La Nación Española, para estos, no es más que un señuelo electoralista cuando, como ahora, sus perspectivas son negras.

De los demás, no vale la pena ni comentar.

En conjunto, tal y como suceden los acontecimientos, estamos asistiendo a un golpe de estado. No a un golpe abrupto, sino a un golpe subrepticio, paso a paso, sin que se note mucho, forzando la legalidad, con grandes dosis de cinismo, utilizando la democracia (aunque sea degenerada) para destruir el propio Estado. Este método ya se ha visto en la Historia. No es ninguna novedad.

Pero los secesionistas amparándose en la condición de “electos” democráticamente, pretenden, en un avance más, que el Ejército no pueda defender la unidad de España ni intervenir contra quienes intenten desmembrarla.

Estamos acostumbrados a sus manejos y manipulaciones de los conceptos. El hecho de ser electo democráticamente no hace legales ni legítimas sus declaraciones y acciones, máxime cuando éstas vulneran la Constitución que han jurado, o prometido, cumplir y respetar y gracias a la cual son “electos”, pues de ella proviene su legalidad democrática, no de sus “electores”. De lo contrario ¿qué hacen en el Congreso y Senado del enemigo?, ¿porque se presentan a las elecciones convocadas por las leyes de un país del que no reconocen ni su existencia?

Si la casta política pretende que el Ejército no pueda defender la unidad de España, cuando está claramente amenazada y negada, ¿para qué lo queremos?, ¿para ir por esos mundos defendiendo los intereses de otros – que no son nuestros aliados, como se verá-, y dejando de lado nuestros intereses propios?, de igual modo que ¿para qué queremos policía, jueces y fiscales al servicio exclusivo de las facciones políticas?

El deber del Ejército es ante todo defender la unidad de España, y así debe expresarlo, independientemente del poder político cuando, como es el caso, ese poder que se está revelando compuesto por sediciosos los unos, golpistas encubiertos los otros y traidores los restantes, está haciendo dejación de su mandato Constitucional.

El proceso sedicioso y golpista que se está desarrollando ante nuestros ojos debe ser extirpado de cuajo.

El Ejército debe tomar el poder.

Debe arrestar a toda la casta política, reestablecer el orden nombrando un Gobierno provisional que inicie un nuevo proceso constituyente que refunde el Estado unitario con bases auténticamente democráticas, con una nueva Constitución y ley Electoral, imponiendo un poder judicial independiente, excluyendo, como en todas partes, los partidos secesionistas, y eliminando las ruinosas y corruptas autonomías.

La población patriótica y leal le secundará y legitimará.