Precedentes
La visión que sistemáticamente suele darse de la intervención militar desde los inicios del siglo XX, es la de la alianza del Ejército, bien con un régimen totalitario (como la Alemania nazi) o con una dictadura unipersonal e indefinida en el tiempo (como la Nicaragua de los Somoza, o la República Dominicana de Trujillo).
Sin embargo numerosos regímenes militares no responden a ese esquema.
Muchos, a pesar de sus leyes de excepción y estados de sitio para combatir la subversión, mantienen su fe en el liberalismo económico y lo vinculan al político (como la Colombia de Ayala, o la Turquía de Evren) y por ello suelen limitar su mandato (el PRI en Méjico, que se sometió a sucesivos procesos electorales). Otros han intervenido para restaurar las libertades y el orden constitucional y democrático frente a un poder crecientemente tiránico (Turquía –en 1980-, Egipto –en 2013- ).
Incluso en el caso de regímenes más duraderos y personalistas, en sus orígenes encontramos conflictos de legitimidad o procedimientos políticos extra constitucionales que los explican, como el populismo o el caudillismo (Perón en Argentina).
En los casos de juntismo militar, quien gobierna es una institución, con sus propias reglas sucesorias, el poder frenando al poder; no es el poder absoluto. El intento del habitual “presidente-general” de saltarse los turnos, las pautas, o de recabar votos populistas lo hace caer en desgracia (Velasco Alvarado en Perú, Geisel en Brasil, Viola en Argentina; los ejemplos más característicos serían los de Argentina y Brasil bajo la forma de un “partido militar” colectivo).
Lo fundamental es que estos regímenes no pretenden crear un “hombre nuevo” –objetivo y pulsión totalitaria de las ideologías-, si acaso volver a un cierto conservadurismo, manteniendo la democracia sin corrupción partitocrática, una democracia corregida, y vigilada quizás, pero no un régimen antiliberal. O bien, como en el caso surcoreano (Park Chung-Hee), lograr la modernización y progreso económico del país.
El modelo turco de las intervenciones militares, entre 1960 y 1980 de “limpiar y devolver”, en un plazo de tiempo mayor o menor, es el modelo que predomina actualmente
Entre 1991 y 2006 hubo 43 intervenciones militares en todo el mundo, de las cuáles 31 (un 72 %) acabaron en procesos electorales.
La idiosincrasia militar es la no-ideología, lo que conlleva la carencia de recursos ideológicos para legitimarse de manera autónoma, no tiene partido ni pretende movilizar a las masas al estilo fascista o populista (como Metaxas en Grecia, Perón en Argentina, o Chavez en Venezuela).
En otros tiempos la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), que fue el santo y seña en la Guerra Fría (es decir con la lucha anticomunista, la defensa del orden público…), fundamentó la legitimidad necesaria para, en algunos casos, interrumpir el funcionamiento democrático; pero esa etapa ya terminó.
¿España en horas decisivas?
En la situación actual de España se trata de un derrumbe total del sistema donde los separatismos, las autonomías y los partidos son la carcoma del sistema contra él mismo en base a los siguientes factores:
- Crisis -pérdida- de legitimidad de la casta política corrupta y desafecto de gran parte de la población tanto a los partidos como a los sindicatos.
- Inquietud social y debilidad institucional.
- Vacío de poder frente a los separatistas.
- Pérdida cualitativa del apoyo de las élites económicas.
- Crisis económica provocada por esta casta.
- Subversión institucional de una parte del sistema contra él mismo: los nacionalismos vasco y catalán, el plan Ibarreche y el desafío de rebelión de Mas.
- Hipertrofia autonómica que multiplica las élites locales, las redes clientelares, y el gasto inútil.
- Agotamiento de las estructuras y del liderazgo de los partidos de la Transición.
- Control económico y social extranjero, el imperialismo alemán disfrazado de saqueo europeísta.
- Destrucción de la fibra económica (industrial, agrícola, ganadera y comercial).
- Nula calidad de los servicios públicos y burocratización y politización institucional.
- Control e influencia sobre los medios de comunicación de masas.
El dilema en la España de hoy no es por lo tanto derecha o izquierda, desprestigiadas y agotadas, corruptas ambas e interesadas y burocráticas, sino la defensa de España frente a sus enemigos declarados.
La legitimidad de un régimen viene hoy dada en base a su adhesión a principios tales como:
– igualdad socio-económica
– libertades individuales
– identidad nacional
– procedimientos democráticos
Cuestiones que están hoy gravemente erosionadas en España, pero el arma más desestabilizadora es la agresión contra la identidad, la cultura y la unidad nacionales, en peligro por la ausencia total del Estado en las regiones controladas por los secesionistas, por la abierta violación de las leyes con el desafío secesionista, la práctica suspensión de la Constitución -cuando no el ninguneo abierto de ella-, el caciquismo de los partidos, la ocupación de las instituciones por ellos, y el fallo generalizado del sistema por la enorme corrupción. Obviamos la evidente ruina económica producto de la avidez saqueadora de la casta política y de su multiplicación a través de la costosa aberración autodestructiva de las autonomías.
El corte es radical, la solución debe serlo también: adecuada frente a unos totalitarismos secesionistas (mal) disfrazados de tolerancia.
El régimen resultante deberá eliminar de modo absoluto las estructuras y los elementos de los separatismos, localismos y partidos e iniciar un proceso de regeneración nacional que cumpla la necesidad histórica de generar un Estado y Nación unidos internamente sin elementos de disensión locales que hasta hoy han sido mantenidos y alimentados por los intereses políticos de unos y otros en base a sus herencias ideológicas, conservadoras o progresistas.
El sistema de partidos que se ha implantado en España en los últimos dos siglos es el de la Revolución Francesa: facciones sectarias fuertemente cargadas de ideología doctrinaria dominadas por camarillas intelectuales enfrentadas y con una importante presencia en los medios de comunicación de masas.
Estos partidos están muy alejados del modelo anglosajón, que se materializa en un turnismo pacífico y en todo caso patriótico, mientras que aquí la izquierda es antiespañola y la derecha aespañola y presta siempre a pactar con los secesionistas. El rechazo a ese modelo sectario ha llevado, en otras épocas, a postular totalitarismos y autoritarismos que han tratado de asfixiar el libre juego de tendencias e intereses en el seno del Pueblo, normales en la evolución de cualquier sociedad y que si se reprimen estallan. Ya en la Antigüedad existían tribunos de la plebe que la defendían frente a los privilegios de la aristocracia.
La unidad hay que reivindicarla justo frente a estas sectas que sólo se representan a sí mismas y que forman verdaderas mafias de ladrones, corruptos y arribistas entre los que se mueven como pez en el agua los separatistas. Como ya ha sido dicho: “la libertad no puede vivir sin la ley ni sin la fuerza que las sustenta”.
La idea que nos debe animar por lo tanto es el patriotismo, no la de ninguna facción por mucho que se haga pasar por “antipartido” o “antipolítica” al estilo de los fascismos o del franquismo. Ni tampoco alineados junto a los nuevos populismos y grupos de presión “políticamente correctos” sin legitimación popular pero bendecida por el sistema. Patriotismo que es precisamente de lo que han carecido todos los gobiernos de los últimos dos siglos.
Desde 1808, la insurrección popular-nacional contra el invasor francés y la Constitución de Cádiz, hecho revolucionario fundacional del moderno Estado-Nación español, todos los proyectos políticos han girado alrededor de la existente realidad nacional española, pero las alianzas de unos y otros (conservadores, liberales, progresistas, tradicionalistas, izquierdistas) con los oportunistas poderes locales, propiciaron que estos aumentasen el considerable poder que ya tenían en el pasado.
De este modo el aparente “Estado centralista” sólo fue un trampolín para la consolidación de los intereses y la expansión de sus élites locales, proceso en el que fueron especialmente beneficiadas la catalana y la vasca.
La Historia de España, más allá de la falsa capa de las ideologías y sus organizaciones políticas partidistas, constituiría la cronología de una lucha entre las élites locales organizadas y las estructuras políticas llamadas partidos, a veces confundidos todos ellos en alianzas y disensiones.
Por lo tanto la intervención cívico-militar sólo tiene sentido si proporciona una solución definitiva y total al problema, y no una simple contención temporal. La tolerancia y la convivencia con el enemigo separatista han fracasado evidentemente. Ahora se trata de nosotros o ellos. Sin máscaras.
El cumplimiento expreso de la ley, denostado como «un pobre argumento» frente a las pretensiones secesionistas, es el requisito ineludible en todas las constituciones del mundo. Y cuando el Gobierno en curso es remiso, o se resiste a hacerla cumplir, el Ejército debe intervenir.
En escasísimos, y bien estudiados casos, se contempla la posibilidad de secesión de un territorio, y las condiciones para la misma son lo suficientemente restrictivas como para que, raramente, pueda llevarse a cabo.
Nunca un referéndum, de autodeterminación o secesionista, resulta vinculante (aún realizado en condiciones democráticas: entorno de respeto constitucional, ausencia de cualquier modo de represión, medios de comunicación plurales no controlados ni condicionados en los que se defiendan todas las alternativas, una pregunta clara e inequívoca y el establecimiento de los porcentajes mínimos de participación y de resultados favorables a la secesión), sino que debe ser seguido por una negociación con el Gobierno existente cuyos resultados deben ser sometidos a la admisión, o rechazo, por el resto de componentes del Estado.
La afirmada «voluntad de un pueblo» (sin especificar exactamente quién es «todo» ese pueblo) nunca está por encima de la ley ni es un principio aceptado en ningún régimen existente. Así como tampoco es aceptable cualquier modificación constitucional expresa para facilitar la desintegración de un Estado.
Por otra parte la «secesión de facto», el hecho consumado, que recientemente se postula como fórmula que sobresee la legalidad y la legitimidad es una situación nueva que, implicando el control efectivo de un territorio, sus límites y la población englobada, se resuelve ineludiblemente mediante un conflicto armado.
El proceso formalmente democrático puede, y debe, ser interrumpido en base al propio valor intrínseco de los cambios necesarios para detener las violaciones y abusos que, como es el caso, se han producido y siguen produciéndose burlando la legalidad democrática formal, destruyéndola, y abocando al país a su destrucción.
En cuanto al contexto internacional poco importa; tenemos en contra al imperialismo alemán y británico, y los intereses franceses en el continente africano, además, ser aliados de los EEUU es tan peligroso como ser sus enemigos, dado su complicado tablero de intereses y habida cuenta la inmunidad con que intervienen en los asuntos ajenos de la que no escapa la lábil situación actual de España, la falaz OTAN de la que no hay nada que esperar, mientras que por otra parte la UE no es más que la trampa para la explotación económica por el IV Reich germano.
No hay más alternativa que avanzar.
