La mayoría de las intervenciones del Ejército español en el campo político, numerosas en el siglo XIX, lo fueron por incitación de las facciones políticas en liza. Pero lo que hoy se requiere, plenamente acorde con su naturaleza y objeto, no es ese tipo de intervención patronizada sino del cambio radical del sistema mediante una actuación autónoma.

La involucración del ejército en las pugnas políticas de los partidos, en el pasado, socavó la cohesión, unidad, y profesionalidad de la institución desprestigiándola. Pero para irritación de bastantes que quisieran mantener esa imagen de descrédito, la realidad es que el pueblo la reconoce como propia y la respeta y valora.

Hoy la situación objetiva, absolutamente degradada e inestable de nuestro país, cuya unidad está seriamente amenazada, requiere de esas virtudes del estamento militar, y de su ineludible compromiso al servicio y defensa de la Nación, ajeno por completo a cualquier facción política, para tomar el poder y reconstruir el Estado y una democracia auténtica y decente.

El fin de la “guerra fría”, los procesos de globalización, la estructura de las alianzas regionales que tienden a suprimir o atenuar choques fronterizos, y la aparición de nuevos tipos de amenazas y agresiones (guerrillas, terrorismo…), han obligado a redefinir el papel de las Fuerzas Armadas (así es por lo menos en el mundo occidental).

Las nuevas doctrinas de Seguridad Nacional en entornos (países) básicamente democráticos asignan a las Fuerzas Armadas un papel poco activo en la vida política del Estado, dando la primacía al poder civil.

No obstante, en la práctica, tenemos hoy numerosos ejemplos de actualidad que contradicen esta proposición en la que se insiste desde diversos ámbitos.

Los gobiernos electos democráticamente tienen autoridad en todas las políticas del Estado, incluyendo las de Defensa (interior y exterior), de modo que las Fuerzas Armadas, realmente no son una “fuerza política”. Es el principio de su subordinación al poder civil. Y se ha querido interpretar como un sometimiento incondicional al poder civil y a la aceptación automática y ciega de sus requerimientos.

La doctrina de la Defensa Nacional asigna a la Fuerzas Armadas el deber de garantizar:

– La unidad e independencia de la Patria.

– La integridad territorial, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo.

– La seguridad nacional (frente a amenazas abiertas –interiores o exteriores-, amenazas potenciales, terrorismo, guerrillas etc…).

– La defensa del orden interno, del orden institucional, y de las instituciones.

 Y corresponde al poder civil requerir y activar su intervención. Pero no reside en ningún gobierno la capacidad de derogar ni diluir bajo cualquier subterfugio la exigencia de preservación de la unidad nacional. Si se admitiera lo contrario incluso bajo fórmulas mendaces como las federaciones o confederaciones asimétricas, abiertas, laxas etc… el territorio quedaría a la disposición de cualquiera, en cuyo caso dejan de ser necesarias las propias Fuerzas Armadas e incluso el Estado, que careciendo de capacidad coactiva para hacer cumplir la ley no puede salvaguardar la convivencia.

Las Fuerzas Armadas, en condiciones normales de eficiencia gubernamental, de legalidad, estabilidad y orden, deben lealtad al gobierno(cualquiera que sea el partido que gobierne el Estado) como cuerpos apartidistas e imparciales que son.

Pero, dado su compromiso y deber explicitado, no pueden ser indiferentes o neutrales frente a los procesos políticos.

 Las Fuerzas Armadas son un instrumento de la Nación, y siempre expresión y garantía de la unidad nacional manifestada desde antiguo, e irrenunciable. Los valores que representan y defienden – “lo permanente”- están por encima de los partidos, y son anteriores a cualquier Constitución que si los eludiera quebraría su legitimidad .

 Por ello su sometimiento no puede ser automático e incondicional como se pretende, sino al revés, condicional y revocable, porque el poder civil, aún democráticamente constituido, no es indiscutible.

 Y en condiciones excepcionales la intervención de la Fuerzas Armadas en la vida política no solo es legítima sino indispensable, necesaria.

La intervención de las fuerzas Armadas está determinada por el agotamiento y disfunción, del sistema político.

 Hoy en España, el límite de la lealtad de las Fuerzas Armadas a los poderes civiles está marcado por la deslealtad de éstos a la propia Constitución y leyes.

La estabilidad política requiere un Estado fuerte y eficaz en la democracia. No es ese nuestro caso.

Este sistema y la Constitución han fracasado arrastrando al pueblo a la ruina y a la Nación a su destrucción. El desastre ha abierto el camino a movimientos antisistema no democráticos. El sistema autonómico, con nacionalismos, es necesariamente inestable y finalmente ya ni a los propios nacionalistas, para quienes fue creado, les sirve. Los nacionalismos son insaciables y sus exigencias no tienen fin (ahora esa especie de “independencia”, luego la expansión territorial…). Es su naturaleza.

No se puede pensar en la reforma o regeneración del sistema porque el propio sistema, su misma existencia, “es” el problema.

Cuando los sucesivos gobiernos han tolerado a los nacionalistas el incumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales, han perdido la legitimidad.

Cuando los sucesivos gobiernos, y los distintos partidos del sistema (PP, PSOE, IU…) han colaborado con los nacionalistas comprando sus favores con cesiones competenciales nocivas para la Nación, han perdido la legitimidad.

Cuando los distintos actores del sistema político ceden ante las llamadas a la rebelión formuladas públicamente por los propios representantes del Estado: los presidentes de las Comunidades Autónomas de Cataluña y de Vascongadas, el gobierno es subversivo respecto a sí mismo y se ha deslegitimado.

Cuando los sucesivos gobiernos han negociado y pactado con los asesinos de ETA, hasta subrepticiamente legalizarlos, con manifiesto desprecio hacia las víctimas, han perdido la legitimidad.

Sin necesidad de ser más exhaustivos, la manifiesta dejación de la Nación cuando no su malquerencia es traición.

Por otra parte en el desastre económico que han hecho gravitar sobre la población más débil, hay, entre otros, dos responsables destacados: las autonomías y la corrupción y malversación.

Es imprescindible arrancar de raíz todo este entramado de malhechores.

Las Fuerzas Armadas, el Ejército, deben tomar el poder. No se trata de un golpe de estado al servicio de una facción política y un cambio de gobierno, sino de un cambio radical de régimen político en defensa de la Nación y del pueblo español.

Será necesaria una limpieza y depuración de responsabilidades con castigos e inhabilitación a perpetuidad a todos los niveles y en todas las corrompidas instituciones.

Posteriormente un gobierno provisional podrá diseñar un sistema democrático, con otros partidos y sistema de representación que garantice la libertad, la convivencia y la concordia introduciendo de nuevo valores y decencia, basándose indispensablemente en la lealtad a la Nación, el patriotismo y el respeto a las leyes.

La estabilidad imprescindible requiere la exclusión de la vida política de partidos territoriales o nacionalistas y de cualquier otra formación manifiestamente antidemocrática.